Tras la irrupción de dos hombres en la casa de Emir Olivares Alonso, periodista de La Jornada, siguieron las amenazas telefónicas y por mensajería instantánea. Minutos después de que ambos sujetos abandonaron la vivienda, un tercer hombre llamó para decirle que fue contratado para privarle de la vida por haberse metido con gente de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), ya que en junio de 2017 realizó un trabajo sobre narcomenudeo en Ciudad Universitaria y comenzaron entonces las intimidaciones y las advertencias. También desde ese momento fue integrado al programa de protección a periodistas.

A lo largo del día decenas de organizaciones de periodistas, autoridades capitalinas y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de Gobernación y de organizaciones defensoras de derechos humanos se solidarizaron y ofrecieron su apoyo para que se investiguen las amenazas contra Olivares Alonso.

Aunque los mandos de la Fiscalía General de la República (FGR) ofrecieron su apoyo, paradójicamente ni el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, ni el personal a su mando acudió al lugar de los hechos ni contactó al reportero, a pesar de que su caso ha sido de conocimiento de esa fiscalía desde 2017.

Este viernes, minutos antes de las 12 horas, las cámaras de videovigilancia en la puerta del edificio de departamentos donde habita el reportero captaron que dos sujetos ingresaron al inmueble aprovechando que en esos momentos el acceso principal se encontraba abierto por una mudanza. Subieron hasta el tercer piso y fueron directamente hacia la vivienda del informador.

Checaron que nadie los observara. Uno de ellos llevaba una gorra cuya visera impedía que se le viera el rostro completo y solamente se ajustó un objeto a la cintura. El segundo mantuvo la mayor parte del tiempo el rostro hacia el piso. Cuando confirmaron que nadie subía la escalera, uno dio hacia atrás un par de pasos para vigilar, mientras el otro utilizó una llave (que podría ser lo que los cerrajeros llaman llave maestra) para abrir en segundos el cerrojo sin forzar la puerta y ambos se introdujeron al domicilio.

▲ Protesta de integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, el pasado 26 de agosto en la Comisión de Derechos Humanos capitalina.Foto Cristina Rodríguez

El periodista se preparaba para darse un baño y cuando salió del cuarto para ver quién había ingresado a su casa, los dos sujetos revisaban los cajones de las cómodas y muebles de la recámara. Al ser confrontados dijeron que el administrador del edificio les pidió que fueran por botes de pintura a ese departamento, que ni siquiera tiene número en la puerta, y se dirigieron al periodista por su nombre. Luego huyeron sin llevarse nada, a pesar de que en la mesa de la sala había un celular, una computadora, televisor y otros objetos que podrían venderse.

Momentos más tarde llegaron la policía capitalina y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En ese momento al teléfono celular del reportero entró la llamada (que fue grabada en parte por los presentes) de un hombre que se dirigió a él como señor Olivares y luego soltó que le pagaron un millón de pesos para matarlo por haberse metido con gente de la UNAM.

Aseguró que si quería negociar su vida debía pagar el doble de lo que le entregaron. Ordenó que no cortara la llamada, que ya había visto que entraron dos de sus muchachos hasta el departamento, que conocía sus actividades, dónde trabaja, qué hace y quiénes son sus familiares, y le preguntó en cuánto valora su vida.

Por consejo de los agentes, el comunicador le preguntó qué quería y el sujeto le ordenó pagar, y si quería enviaría de nuevo a sus muchachos para que lo llevaran a una tienda de conveniencia a realizar el depósito.

Colgó y comenzaron los mensajes de texto, llamadas e incluso intentos de conexión por videollamada hasta la noche de ayer, en las que insistían en que sería atacado si no entregaba el dinero y que todo está relacionado con el trabajo periodístico en torno a la venta de narcóticos en el campus.

La policía y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se comprometieron a investigar lo sucedido, para lo cual se abrirá una carpeta de investigación por intento de robo.