Santiago. ¿Siete semanas de movilizaciones y qué hemos ganado? Es la pregunta que se hacen cientos de miles que han protagonizado en las calles de Chile la crisis política y social que estalló el 18 de octubre y que puso por los suelos la presidencia de Sebastián Piñera, cuya aprobación es de sólo 8 por ciento.

Lo único concreto es la expectativa de un proceso constituyente que comenzaría en abril de 2020 con un plebiscito quer plantea dos preguntas: ¿quiere usted una nueva Constitución?, y ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?, para esta última hay dos opciones: convención mixta (50 por ciento parlamentarios y 50 por ciento delegados electos) o convención constitucional (100 por ciento delegados electos).

Pero no pocos temen que esa promesa, contenida en el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, suscrito por nueve partidos políticos el 15 de noviembre, de los cuales tres son oficialistas, se esté volviendo incierta y peligre la mayor aspiración estructural del alzamiento social: derrumbar la constitución pinochetista –redactada expresamente para hacer intocable el modelo neoliberal– y generar una Carta Magna con legitimidad social, nacida de un proceso ampliamente participativo.

Esos temores cobraron fuerza anteayer. La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido fundado para defender la actual Constitución, hizo imposible que tras 14 sesiones una comisión técnica creada para establecer las reglas del proceso constituyente alcanzara un consenso que garantice que en la convención haya paridad de género, cupos reservados para los pueblos originarios y representación de asambleístas independientes.

Mientras tanto, la agenda social urgente –salario mínimo digno, pensiones básicas decentes, abaratamiento de los medicamentos, acceso oportuno a la salud, condonación de la deuda por créditos universitarios, etcétera– por la cual los chilenos estallaron en ira hace 50 días, figura muy postergada.

El gobierno, en su estrategia de criminalizar el movimiento, carga la agenda hacia temas de seguridad. Y mientras la oposición está concentrada en lo constitucional, queda en medio lo más importante: la agenda social. La lucha del país hoy es redistributiva, no necesariamente constitucional, porque los beneficios de la eventual nueva Carta Magna son a largo plazo; pero lo que se requiere hoy es una solución redistributiva urgente que el gobierno se niega a realizar, no toca un ápice el modelo y tampoco la carga tributaria de los más ricos, advierte el analista Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

Hay un evidente riesgo de frustración social generalizada ante las expectativas que los chilenos se forjaron al salir a las calles.

“Primero, la situación económica en 2020 será muy mala por el incremento en el costo de la vida y el desempleo. Segundo, porque el gobierno no va a repuntar en términos de aprobación presidencial a corto plazo, siendo objeto de rabia social. Tercero, porque el proceso constituyente no será tan ágil ni sencillo. Habrá vetos y la Constitución no será escrita desde una hoja en blanco. Esta frustración abrirá la ruta para candidaturas populistas o para outsiders que aprovecharán ese descontento que, en la práctica, abarcará a la élite en su conjunto. Estamos en un momento populista, pero aún no cuaja una oferta populista”, dice.

Para Cristian Fuentes, politólogo de la Universidad Central, la agenda antiviolencia del gobierno dividió a la oposición, porque no ha sabido o podido acordar una plataforma unitaria mínima y no se ve en el horizonte que pueda lograrlo. Fuentes concuerda que la agenda social del gobierno es mínima.

Una constituyente incierta

Cuando hace tres semanas se anunció el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, instantáneamente comenzaron las divisiones y resquemores. Aquellos que lo suscribieron, aseguraron que la Carta Magna se redactaría desde una hoja en blanco y minimizaron el requisito de que todo debería ser aprobado al menos por dos tercios de los asambleístas. Quienes no lo suscribieron, lo rechazaron por la ausencia de la sociedad civil en su redacción y acusaron un conciliábulo entre los más desprestigiados de todos: los parlamentarios. El oficialismo, en tanto, rápidamente salió a refutar la teoría de la hoja en blanco, señalando que si la nueva Constitución no es ratificada por mínimo dos tercios de los electores, queda vigente la actual, causando pánico.

La comisión técnica fue absolutamente innecesaria a la luz de los resultados, una reproducción del acuerdo original dejando fuera los tres aspectos centrales (paridad de género, cupos para pueblos originarios y facilitación de las listas de independientes). Nada de eso quedó y los que soñaban con que los vetos desde la derecha no iban a existir despertaron abruptamente con este resultado: la derecha bloqueó la posibilidad de que esos tres aspectos centrales fueran incluidos y van a trasladarse al Congreso, dice Morales.

Esa, que es la última esperanza opositora –dirimir diferencias en el Parlamento, porque tiene mayoría– para ir a un plebiscito más o menos parecido al que anhela, tampoco es clara.

Ahí la derecha podría hacer uso del veto. En consecuencia, lo que la oposición ofreció a la ciudadanía, no se cumple: no hay ausencia de vetos y la nueva Constitución no va a ser escrita desde cero, ya que los vetos existen y existirán. Y si la derecha lo hizo en la comisión técnica, lo hará en la futura convención. El sueño de la hoja en blanco se viene al suelo o choca duramente con la realidad, advierte.

El académico Cristian Fuentes tiene otra visión. El camino abierto hacia una nueva Constitución es imparable y la movilización se mantiene a ritmos disímiles. Esto recién comienza si bien hay debilidades que aún no deslegitiman el pacto. Habrá plebiscito en abril y los temas que no concitaron acuerdo seguirán tratándose en el Congreso. Esto no lo para nadie, dice.

Pero también advierte que si el acuerdo colapsa, el fracaso pondría al país en una situación extremadamente compleja, por lo cual los actores políticos y sociales no pueden dejar que suceda. Hoy existe una débil y compleja gobernabilidad que pende del hilo de los poderes institucionales y fácticos. Piñera se sostiene sólo porque los poderes formales y fácticos no quieren que renuncie, al menos por ahora.

Respecto de la situación del estallido social, Mauricio Morales dice que “si bien la violencia ha decaído de manera significativa, ni siquiera me atrevo a decir que estamos en una etapa de tregua. La movilización social tiene un ciclo y ha tenido una primera pausa porque estamos ad portas de las fiestas de fin de año y del periodo estival, es probable que diciembre, enero y febrero sean menos violentos. Pero se espera que en marzo, en caso que el gobierno no profundice en la agenda social demandada, se reanude el proceso de violencia callejera”.'