l arresto de Genaro García Luna por cargos de narcotráfico, realizado ayer por autoridades de Estados Unidos, en ese territorio, da actualidad a los innumerables señalamientos que advirtieron que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el detenido fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y era operador central de la guerra contra la delincuencia, se protegió al cártel de Sinaloa desde los niveles de gobierno más altos; que se hundió a México en un baño de sangre sin un propósito claro –o sin que el objetivo real coincidiera con el que se esgrimía desde Los Pinos– y que la corrupción de los altos mandos hacía inútiles los mortíferos empeños del poder público contra sectores de la criminalidad organizada.

Investigadores, periodistas y activistas documentaron durante años los nexos de quien Calderón consideraba un funcionario sin mácula con el grupo delictivo mencionado, y varios antiguos cabecillas del trasiego de estupefacientes afirmaron en sus testimonios que García Luna había recibido durante su gestión millones de dólares a cambio de dar protección a criminales.

Ante la abundancia de tales informaciones, resulta obligado preguntarse por qúe Calderón se empecinó en defender a capa y espada a su colaborador, y ni siquiera consideró someterlo a investigación tras la detención de varios de los principales funcionarios de la desaparecida SSP, ni ante actos de corrupción tan evidentes como la adquisición masiva de los tristemente célebres detectores moleculares.

La detención de García Luna debe llevar también a revisar su trayectoria como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, en cuyas postrimerías llevó a cabo el montaje televisivo de la detención de los supuestos secuestradores Florence Cassez e Israel Vallarta.

Pero, sobre todo, debe reflexionarse sobre la extraña y contradictoria relación del ex secretario de Seguridad Pública con las autoridades de Estados Unidos, las cuales con certeza desconfiaban de él, como está ampliamente documentado en los despachos diplomáticos enviados por la embajada de ese país al Departamento de Estado, que fueron entregados a La Jornada por WikiLeaks y difundidos en estas páginas en el curso de 2011.

Más aún, datos creíbles indican que el gobierno del país vecino tenía desde hace años un voluminoso expediente sobre actividades sospechosas del ahora acusado, en cuya gestión no sólo fueron asesinados decenas de miles de mexicanos –presuntos delincuentes, pero también soldados, marinos, policías y personas manifiestamente inocentes–, sino también agentes de corporaciones de Estados Unidos, como la DEA y la CIA, que operaban en México.

Por otra parte, García Luna fue la pieza fundamental en la aplicación en México de las devastadoras políticas diseñadas en Washington y delineadas en la Iniciativa Mérida; la obsecuencia del ex funcionario llegó al extremo de ofrecer toda la información de seguridad del país a quien entonces fungía de secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff; más aún, García Luna no movió un dedo cuando la oficina estadunidense de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) envió al cártel de Sinaloa cargamentos de fusiles de asalto de alto poder, en lo que, al margen de intenciones declaradas, contribuyó al fortalecimiento del poder de fuego de ese grupo delictivo. Lo cierto es que, pese a todo, García Luna vivió desde 2012 en la nación vecina, recibió el permiso para residir en ella, ostentó una riqueza difícilmente explicable y abrió un despacho de consultoría en asuntos de seguridad sin que nadie lo molestara.

Es deplorable, sin duda, que con frecuencia los episodios de corrupción y violencia delictiva que tienen lugar en México acaben siendo juzgados en tribunales estadunidenses, como ocurrió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, de quien había suficientes motivos para un juicio en instancias mexicanas pero fue extraditado al país vecino en enero de 2017 por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora resulta a todas luces necesario que la Fiscalía General de la República pida la entrega de García Luna para que sea procesado en nuestro país conforme a derecho. No debe permitirse que la soberanía judicial de México siga siendo anulada por casos como el que se comenta.