Mérida, Yuc., Un grupo de 10 sexoservidoras, entre ellas personas transgénero, tramitaron un juicio de amparo ante un juzgado federal en contra de la entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del ayuntamiento panista de Mérida, que prohíben ejercer su actividad en la vía pública.

Las trabajadoras sexuales, asesoradas por organismos defensores de los derechos humanos, dijeron haber sido objeto de redadas, sanciones administrativas equivalentes al menos a cinco unidades de medida y actualización (422.45 pesos), además de arresto por 36 horas.

En entrevista colectiva, las inconformes, con apoyo de agrupaciones locales pro derechos humanos como Indignación, Oasis de San Juan de Dios, Unasse y Yucatrans (asociación de personas transgénero), recordaron que el 14 de septiembre pasado entraron en vigor reformas al reglamento.

La fracción sexta del artículo 15 prohíbe el sexoservicio en la vía pública, lo que, según las inconformes representa una criminalización y estigmatización de las trabajadoras sexuales, situación que ha sido ya considerada contraria a los derechos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las inconformes interpusieron el amparo ante el juzgado segundo de distrito federal por considerar que el ordenamiento es inconstitucional.

La policía municipal dijo en un comunicado que respeta el bando, haciendo énfasis en impedir que intimiden o agredan física o verbalmente a las personas, en especial mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o en razón de su origen étnico o preferencia sexual.