En el informe de los Legionarios de Cristo sobre las víctimas de abuso sexual por parte del cura Fernando Martínez, que se difundió el 22 de noviembre, no se establece un acto concreto de justicia y reparación para las personas afectadas.

Tampoco se señala quién asumirá la responsabilidad de exponer a los que encubrieron estos hechos suscitados en Cancún a principios de 1990, reconoció la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de su Consejo Nacional de Protección de Menores.

Además, exhortó al director general de la congregación, Eduardo Robles Gil, a que solicite al papa Francisco la dimisión del estado clerical de Martínez, manteniéndolo sujeto a la obediencia religiosa en una residencia en México, ya que permanece en Italia, a fin de estar a disposición de las autoridades competentes.

Los Legionarios de Cristo iniciaron la investigación en mayo de 2019 a través de la agencia internacional Praesidium, Inc., luego de que la cantante y conductora Analú Salazar denunció en la página de Facebook Legioleaks que el cura abusó de ella cuando tenía ocho años y estudiaba en el Instituto Cumbres, en Cancún. En el informe del grupo religioso se concluyó que el sacerdote violentó a por lo menos ocho menores.

En un comunicado, la CEM reconoció ayer la valentía y búsqueda de justicia por parte de las víctimas, así como la labor de las asociaciones que las acompañan en esta investigación.

Destacó que en el ámbito eclesiástico se ha realizado la investigación previa que antecede a un proceso penal canónico, estando a la espera de las determinaciones que tomará la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Sobre lo jurídico civil, expuso que habida cuenta de que la congregación religiosa informó que ya fue presentada la denuncia de hechos ante la autoridad competente, hemos ofrecido a las víctimas el apoyo y la orientación para que procedan de la manera más apropiada y pedimos a las autoridades de procuración e impartición de justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción y omisión.

En el documento firmado por el secretario general de la CEM y coordinador del Consejo Nacional de Protección de Menores, Alfonso Miranda, añadió que se ha instado a las víctimas a presentar denuncias penales y a exigir la reparación del daño por las acciones u omisiones por parte de los directivos de la Congregación de los Legionarios de Cristo.