n respuesta al asedio militar y policial del gobierno boliviano de facto en contra de la embajada y la residencia oficial de nuestro país en La Paz, ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un instrumento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que el hostigamiento y la intimidación en contra de la legación diplomática mexicana no tienen precedente y son incluso mayores a lo vivido durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo pasado.

Como se ha consignado puntualmente en este espacio, la hostilidad del régimen autoritario boliviano hacia nuestro país se remonta a las primeras horas tras el golpe de Estado, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México honraría su tradición diplomática brindando asilo al ex mandatario Evo Morales. Desde entonces y hasta que el dirigente del Movimiento al Socialismo salió de México hacia Cuba y posteriormente a Argentina, los cabecillas golpistas Luis Fernando Camacho, Carlos de Mesa y Jeanine Áñez se embarcaron en una serie de ataques verbales contra el gobierno mexicano por su decisión soberana de brindar asilo a Evo Morales y a integrantes de su gabinete. A estos exabruptos sin sustento jurídico se ha sumado en días recientes Jorge Quiroga, correligionario y sucesor del dictador Hugo Bánzer, nombrado por el golpismo como delegado ante la comunidad internacional por su cercanía con Washington.

Tras la salida de Evo, las intimidaciones de la dictadura instalada en Bolivia se trasladaron hacia las sedes de la legación diplomática mexicana, donde se refugiaron los ex ministros de la Presidencia y de Gobierno, Juan Ramón Quintana y José Hugo Moldiz, junto con otros siete ex integrantes de la administración depuesta. Todos ellos se encuentran en espera de los salvoconductos que les permitan abandonar Bolivia, los cuales han sido negados por el gobierno de la autoproclamada Áñez en abierta violación al derecho internacional.

Debe remarcarse que el cerco militar contra la embajada y la residencia oficial no sólo es un acto de intimidación inadmisible hacia los ciudadanos bolivianos que cuentan con la protección de México, sino que pone en riesgo la integridad del personal diplomático mexicano en la nación hermana. De acuerdo con el sitio oficial de la SRE, hasta el pasado 28 de noviembre la delegación mexicana en La Paz se encontraba conformada por la embajadora, María Teresa Mercado Pérez; la consejera, Ana Luisa Vallejo Barba; el segundo secretario, Luis Guillermo Romero Parra, así como las agregadas administrativas Adaney Yajaira Escobedo Miranda y Mariana Peña Hernández, cuya seguridad y la de cualquier otro funcionario designado desde entonces es entera responsabilidad del gobierno boliviano.

La saña persecutoria contra los integrantes del gobierno constitucional derrocado se explica en buena medida por el odio racista que anima a la oligarquía boliviana recién retornada al poder, pero sería un desatino achacar a esta inquina primaria la escalada de amenazas e insolencias de las que ha sido objeto nuestra nación. En cambio, habría que buscar el origen de las agresiones en la notoria necesidad del régimen golpista de construir un enemigo externo que le otorgue una coartada para mantener la barbarie represiva desatada desde el pasado 10 de noviembre. Entendido en esos términos, parece claro que México es el enemigo idóneo: se encuentra lejos de las fronteras bolivianas, tiene una vocación pacifista incuestionable y, en suma, no representa para la dictadura ningún riesgo de escalada armada.

La simple amenaza contra la inmunidad diplomática atenta no sólo contra la relación bilateral México-La Paz, sino contra la misma convivencia mundial, que resulta en todo punto imposible sin embajadas seguras. Por ello, así se trate de un mero golpe de efecto propagandístico para consumo interno, la agresividad contra la representación diplomática mexicana y la injustificable tardanza en la expedición de los salvoconductos requeridos para quienes se encuentran protegidos por el derecho de asilo, sientan un precedente nefasto en las relaciones internacionales que debe ser rechazado en los términos más enérgicos por la comunidad de las naciones.