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Domingo 29 de diciembre de 2019, p. 3
El gobierno de España rechazó rotundamente que la visita de diplomáticos a la residencia de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado Pérez, tuviera como fin facilitar la salida
de funcionarios del presidente en el exilio Evo Morales que se encuentran resguardados en dicho inmueble.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informó ayer que en los próximos días enviará una misión para investigar el hostigamiento al que fueron sometidos diplomáticos adscritos a su embajada en Bolivia.
En un comunicado, la oficina del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que la presencia el 27 de diciembre de la encargada de negocios de la embajada, Cristina Borreguero, y del cónsul español en Bolivia, Álvaro Fernández, en la residencia oficial de México en La Paz era exclusivamente de cortesía y niega rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias
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Acusaciones
Ello contradice las acusaciones que el gobierno de facto del país sudamericano ha hecho contra España y México sobre el incidente del viernes pasado.
En conferencia, la canciller boliviana, Karen Longaric, sugirió que la diplomacia española quería coadyuvar en el traslado de los personajes del gobierno de Evo Morales que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano.
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, encargada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comparecerá en el Congreso de los Diputados cuando la investigación haya sido completada y sus resultados analizados, informó la oficina española.
En la residencia oficial de México están en calidad de asilados nueve funcionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos los ministros de Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca; un funcionario del Tribunal Supremo Electoral boliviano, Sergio Daniel Martínez Beltrán; el gobernador de Oruro, Víctor Vázquez, y el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías, Nicolás Laguna, sobre quienes pesan órdenes de captura giradas por el régimen de facto de Jeanine Áñez.