Chihuahua, Chih., El Estado mexicano incumplió la sentencia por la desaparición de los hermanos Alvarado Espinoza y rechazó cumplir medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) para familiares de tres víctimas de desaparición forzada por parte de militares, quienes demandan el pago de una indemnización, un acto público de reconocimiento de responsabilidad e investigar este caso que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que representa a los familiares de las víctimas, denunció el martes pasado que hay nulo avance en el caso, a 10 años de la desaparición de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, privados de la libertad por militares en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, y al cumplirse un año de que la CIDH emitió una sentencia que obliga al Estado mexicano a la reparación del daño.

Militares que participaban en el Operativo Conjunto Chihuahua y asignados a tareas de seguridad pública en Ciudad Juárez incursionaron el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez e irrumpieron en el domicilio de la familia Alvarado Espinoza para privar de la libertad a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene, quienes hasta hoy se encuentran desparecidos.

Los familiares de las víctimas huyeron del municipio de Buenaventura ante las amenazas porque denunciaron la desaparición, y permanecen refugiados en Estados Unidos.

La Coridh resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de los familiares y pidió atender la impunidad en relación al caso.