La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará este miércoles un proyecto de sentencia que ordenaría a una planta cervecera del Grupo Modelo pagar el llamado impuesto ecológico, instaurado en Zacatecas desde diciembre de 2016, y que obliga a las industrias a cubrir un gravamen por la contaminación que viertan en el agua, aire o suelo de ese estado.

Se trata del amparo en revisión 888/2018, promovido por la ­Compañía Cervecera de Zacatecas, perteneciente a Grupo Modelo, en contra de la Ley de Hacienda del estado. El gobierno de la entidad ­estimó que con esta medida recaudaría mil 230 millones de pesos, tan sólo en su primer año de aplicación.

El tema llevó incluso a que el gobierno federal promoviera una controversia constitucional, argumentando que Zacatecas había invadido sus facultades en materia fiscal y de protección al medio ambiente; sin embargo, el año pasado la SCJN avaló la constitucionalidad de este impuesto ecológico.

Así, el caso que se votará ahora en la Corte sería el primero en donde se aplicará este criterio en un amparo concreto.

La empresa argumenta que estos impuestos ecológicos violan los principios de equidad entre los contribuyentes, que sus labores cumplen con todas las normas ambientales federales y que no existe una relación directa entre el gravamen y los efectos que se buscan con su aplicación.

Sin embargo, el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, da la razón al gobierno de Zacatecas, señala que la cervecera debe pagar el impuesto, y explica: El combate a la contaminación y el cambio climático no sólo es posible sino también viable a partir del establecimiento de medidas impositivas.

Grupo Modelo informó en su momento que la planta sujeta a este impuesto en Zacatecas es la cervecera más grande del mundo, con una producción de 24 millones de hectolitros al año, de los cuales 30 por ciento son para exportación y el resto cubre 40 por ciento del consumo nacional de esa marca.

El proyecto de sentencia sólo daría la razón a Grupo Modelo en un punto, que es el de poder acceder a beneficios fiscales destinados a fines ambientales.