A una década del lanzamiento de la primera estrategia para combatir el sobrepeso y la obesidad en escuelas de educación básica, no hay avances sustanciales porque enfrentamos políticas públicas aisladas, como la prohibición de comercializar alimentos chatarra en los planteles, pero sin que existan acciones integrales de fomento a una alimentación sana, de seguimiento y monitoreo, afirmó Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, promovida por El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

En entrevista con La Jornada, destacó que con la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) se generaron “muchos vacíos en cuanto a la información sobre el destino de los recursos para la instalación, operación y mantenimiento de los bebederos escolares, pues con el nuevo programa La Escuela es Nuestra –que asigna recursos directos a los centros escolares– se deja en manos de los padres de familia la responsabilidad de garantizar fuentes de agua potable seguras para sus hijos”.

Baena agregó que los resultados de la campaña señalan que de los 8 mil planteles que fueron evaluados por alumnos, sus padres y sus maestros en los pasados cuatro años, en 97 por ciento subsiste la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas, sin que existan los comités de vigilancia para la aplicación de los lineamientos respecto a la venta de estos alimentos en los centros escolares.

Señaló que pese a los marcos normativos emitidos de forma conjunta por las secretarías de Educación Pública y Salud, detectamos que la principal falla está en la implementación de las políticas públicas, pues se realiza de forma aislada, sin coordinación y sin establecer una verdadera comunicación interinstitucional.

Recordó que las autoridades federales, estatales y municipales también tienen responsabilidad en vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente y, en su caso, establecer sanciones en los centros escolares donde se incumpla la ley, lo que en los hechos no sucede.

La campaña Mi Escuela Saludable, indicó, propone siete elementos clave para garantizar ambientes escolares sanos: que todos los días se vendan en el centro escolar frutas y verduras; prohibir la venta de alimentos ultraprocesados; no vender refrescos ni bebidas azucaradas; proveer agua de calidad a los alumnos; contar con un comité de establecimiento de consumo escolar; no permitir la publicidad de alimentos ultraprocesados y prohibir su comercialización al exterior del plantel.