De diciembre a la fecha se incrementó el número extorsiones telefónicas a personal del Senado, lo que preocupa a los partidos, que pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que algunos trabajadores fueron víctimas y pagaron hasta 60 mil pesos.

Martí Batres, ex presidente del Senado, presentó recientemente una iniciativa para que la extorsión, en cualquiera de sus modalidades, se considere delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa, ya que es una de las actividades que más afecta a la sociedad y de la que esa cámara del Congreso no ha escapado.

La coordinadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, pidió a la mesa directiva un informe sobre las acciones adoptadas, ya que en semanas recientes distintas oficinas del Senado han recibido llamadas de extorsionadores.

Junto con el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, el cual explicó que los telefonemas han entrado al conmutador de esa cámara a finales de diciembre de 2019 y principios de enero.

En una de las modalidades, los delincuentes se hacen pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para informar sobre una supuesta multa a la que es acreedor el senador de la oficina en cuestión e informan que esta sanción podría evitarse si en ese momento se realiza una transferencia.

Con el argumento de que recibirán unos hologramas y el personal del SAT llamará para verificar los folios, el extorsionador solicita el teléfono celular de la secretaria para apoyarla con el proceso de pago, detalló Lucero Olivas.

En la segunda forma, agregó, preguntan por el senador a nombre de otro legislador, quien pide su apoyo para la recepción de unos paquetes. Posteriormente, solicitan el número celular de quien contesta la llamada y otra persona le marca haciéndose pasar por el legislador para pedir un préstamo que cubra la entrega de los paquetes.

La mayoría de los trabajadores se han percatado de que se trata de una estafa, pero algunos han caído en el engaño y han desembolsado desde 38 mil a 60 mil pesos. Por ello, los legisladores instaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la FGR a informar sobre las estrategias y acciones tomadas para combatir las llamadas de extorsión.