Fugas, motines, riñas y homicidios fueron las mayores incidencias ocurridas en las prisiones del país durante 2019. Los reos por delitos federales son los más activos en estas acciones violentas. Aunque en términos estadísticos sólo representan 14.5 por ciento del total de la población carcelaria, participaron directamente hasta en 40 por ciento de estas acciones, la más reciente ocurrida en la Ciudad de México, donde tres reclusos que estaban sujetos a proceso de extradición por narcotráfico, entre ellos un operador financiero del cártel de Sinaloa, que presuntamente escaparon con ayuda del personal penitenciario.

De enero a diciembre de 2019 se registraron 1997 incidencias y en ellas estuvieron involucrados 3 mil 694 internos, de los cuales mil 273 enfrentaban procesos o cumplían sentencias por delitos del fuero federal, refieren los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional, elaborados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Los reclusorios de la Ciudad de México son los que tienen en sus instalaciones al mayor número de presos por delitos federales, con 2 mil 727 reclusos; le siguen Jalisco, con mil 463; Baja California, mil 304; estado de México, mil 122 casos; Sinaloa, 924; Guerrero, 845; Chihuahua, 830; Nuevo León, 820; Puebla, 791, y Michoacán, con 630.

Los registros oficiales señalan que en las prisiones de Aguascalientes hay 188 reos federales; en Baja California Sur, 164; Campeche, 72; Chiapas, 236; Coahuila, 16; Colima, 244; Durango, 91; Guanajuato, 261; Hidalgo, 300; Morelos, 473; Nayarit, 36; Oaxaca, 137; Puebla, 791; Querétaro, 276; Quintana Roo, 313; San Luis Potosí, 220; Sonora, 247; Tabasco, 45; Tamaulipas, 268; Veracruz, 163; Yucatán, 69, y Zacatecas, con 399.

Los informes penitenciarios señalan que a diciembre de 2019 en el país existían 201 mil 65 presos, de ellos 29 mil 303 son por delitos federales y 171 mil 702 por la comisión de ilícitos del fuero común.

En todo el país existen 300 centros penitenciarios, 19 son operador por el gobierno federal (dos no tienen población, uno de ellos desde noviembre de 2015 está en mantenimiento).

La capacidad de estas instalaciones es para 33 mil 24 personas y ninguno de ellos tiene sobrepoblación, por el contrario hay Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (Ceferesos), cuya población no supera 50 por ciento, como son los centros número cuatro en Tepic, Nayarit, el cinco en Villa Aldama, Veracruz, el ocho en Guasave, el 15 en Chiapas y el 18 en Ramos Arizpe, Coahuila.

Del total de prisiones, el gobierno de la Ciudad de México opera 13 instalaciones y en ellas se tiene capacidad para 27 mil 728 internos; el resto de las autoridades estatales y municipales tiene a su cargo 268 instalaciones penitenciarias con 156 mil 812 espacios.

En términos generales hay 106 instalaciones carcelarias con sobrepoblación, de ellas, 87 tienen población privada de la libertad del fuero común y federal.

Aunque los reos federales representan sólo 14.57 por ciento del total de la población de los penales del país, su comportamiento tras las rejas suele ser más violento, y están involucrados en 34.46 por ciento de los incidentes registrados dentro de las cárceles del país.

Según las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado en Prevención y Readaptación Social, durante el año pasado las personas privadas de su libertad por delitos federales provocaron más del doble de los motines, riñas y fugas, que los internos acusados por delitos comunes.

Es por ello que, cuando ocurre alguna fuga, motín o riña masiva en alguna de las cárceles del país, la primera medida que suelen tomar las autoridades penitenciarias es pedir que los presos por delitos federales sean cambiados a otro penal.

Y es que, a diferencia de los delincuentes del fuero común, los reos federales suelen contar con una red de cómplices y contactos que les permite mantener sus conductas violentas y delictivas, incluso dentro de la cárcel.

Por ejemplo, durante abril pasado, el mes durante el cual se registró el mayor número de incidentes dentro de las cárceles del país, con un total de 192 casos, en 37 por ciento de estos episodios violentos participaron activamente reos del fuero federal.

Durante febrero pasado, cuando se registraron menos incidencias, sólo 131 casos, la participación de los reos federales alcanza hasta 40 por ciento.

El nuevo sistema de justicia penal también ha posibilitado la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, ya que mientras en 2014, año con el mayor registro de internos en las prisiones del país, había 255 mil 638 reclusos, en diciembre de 2019 se encontraban 201 mil 889 personas privadas de su libertad.

A este respecto, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 en el fuero común el número de presos se modificó de la siguiente manera: de 60 mil 653 reclusos sujetos a proceso, la cifra pasó a 63 mil 847; mientras los sentenciados pasaron de 104 mil 560 a 107 915.

En el fuero federal en el mismo lapso (diciembre 2018 a diciembre 2019) el número de sentenciados en las prisiones del país fue de 18 mil 398 a 17 mil 838, y los procesados de 14 mil 377 a 11 mil 485.

Por lo que se refiere a las prisiones federales, en estos centros están privadas de su libertad 4 mil 31 personas acusadas de delitos del fuero común, 470 están sujetas a proceso y 2 mil 922 ya han sido sentenciadas; por delitos federales están presas 13 mil 369, de ellas 7 mil 155 sujetas a proceso y 5 mil 520 sentenciadas.

Los registros oficiales señalan que el Poder Judicial ha otorgado beneficios de libertad anticipada, sobre todo con base en el nuevo sistema de justicia penal, a un total de 17 mil 547 personas acusadas de la comisión de algún delito en todo el país, de ellas 6 mil 990 por tratamiento preliberacional, 5 mil 841 por libertad preparatoria, 4 mil 242 por haber cumplido parcialmente su condena; existen 134 casos con libertad supervisada y 342 casos más por beneficios contemplados en el artículo 75 del Código Penal Federal.