Desde las reformas a la Constitución de 2008 se instituyó en el artículo 18 que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esto siempre y cuando el reo no haya sido declarado culpable por delincuencia organizada.

Cuatro años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que sólo una autoridad judicial puede decidir sobre el traslado de un reo a un penal lejano de su domicilio. Este fallo, tomado al resolver un amparo promovido por un sentenciado por evasión de reos, sentó el precedente que ha permitido interponer cientos de juicios en contra del cambio de penal de personas privadas de su libertad.

Aunque las leyes hablaban de los sentenciados, no se especificaba el caso de los sujetos a proceso, quienes también recurrieron al amparo para no ser movidos de los penales donde tenían cerca a sus familias, pero también a sus organizaciones criminales.

Con el sistema penal acusatorio se creó la figura del juez de ejecución de sentencia quien, entre otras facultades, puede autorizar las peticiones para el traslado de reos de un penal a otro, ya sea a petición del sentenciado o de las autoridades. Si bien esta medida pretende facilitar la reinserción social de los sentenciados a su comunidad, en la práctica se ha judicializado el traslado de reos y dificultado el control de la población penitenciaria.

Asimismo, una de las condiciones para que una persona acusada de un delito sea llevada a un centro federal de reclusión, todos se consideran de alta seguridad, es que los agentes del Ministerio Público Federal aporten elementos de prueba o argumentos que soporten su solicitud a los jueces para que éstos autoricen el traslado, aunque no siempre se aceptan los señalamientos de los representantes de la ahora FGR.

Una de las estrategias para que algunos inculpados de cometer delitos sean enviados a los centros federales es que las averiguaciones previas o carpetas de investigación sean presentados ante jueces que están adscritos a circuitos que se localizan en las comunidades donde están los Ceferesos.