El gobierno de Baja California ha logrado retrasar mediante maniobras legales el análisis de los juicios constitucionales en contra de la ley Bonilla, que permitiría al actual mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, ampliar hasta cinco años el periodo de su administración.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco, instructor en este caso, notificó que el análisis del asunto sufrirá un nuevo retraso, debido a que habrá que esperar a que se resuelva un recurso de reclamación, promovido por el actual gobierno estatal, en contra de la controversia constitucional presentada por el gobernador anterior, Francisco Vega de Lamadrid.

Así se señala en el acuerdo respectivo, fechado el 20 de enero: se advierte que está pendiente de dictarse resolución en el recurso de reclamación 178/2019-CA, derivado de la controversia constitucional en que se actúa, por lo que se reserva fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

Otra de las acciones que ha retrasado la solución de este asunto, es la negativa del Congreso estatal para entregar una copia certificada del bando solemne, donde se notificó oficialmente a la ciudadanía del resultado de la elección.

El ministro Franco tuvo que emplazar al Legislativo estatal para que entregara dicho documento, so pena de aplicarles una multa.

Además de la controversia del gobernador saliente, la ley Bonilla fue impugnada ante la SCJN mediante seis acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el partido local de Baja California (PBC).