Tan sólo en la segunda mitad del año pasado, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) gastó al menos 10 millones de pesos para pagar honorarios por asesorías de ocho personas, así como un despacho de abogados y dos empresas asesoras.

De los 9.7 millones de pesos que erogó el sindicato petrolero entre junio y diciembre de 2019, el monto mayor, por 3 millones 585 mil pesos, se destinó a la empresa Asesoría Librax SC, vinculada con Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública en la administración de Enrique Peña Nieto, y quien asesora al sindicato en temas de transparencia.

Para la contratación de un despacho de abogados, destinó casi un millón de pesos, esto de acuerdo con los egresos del segundo semestre del año reportados por el sindicato petrolero en su página web, correspondientes a los informes de transparencia de la cláusula 251 de su contrato colectivo de trabajo.

Del resto de los asesores contratados bajo honorarios o para gestoría administrativa, los reportes no detallan la función ni el tipo servicio que ofrecen. El gremio cuenta con más de 70 asesores a los que destina al rededor de 63 millones de pesos al año, esto de acuerdo con las estimaciones de Petromex, sindicato alterno al STPRM.

Óscar Solórzano, vocero de Petromex, aseguró que desde hace décadas se ha mantenido opacidad en el tipo de función que hacen los asesores y consultores contratados por el sindicato petrolero, lo que ha generado denuncias por posibles casos de prestanombres y desvió de recursos de las cuotas de los trabajadores petroleros.

Además, Solorzano sostuvo que, a pesar de la reforma laboral, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene trabas a Petromex para que pueda operar como sindicato a la par del STPRM, anteriormente dirigido por Carlos Romero Deschamps.

Hoy tendrán una nueva reunión con funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Gobernación en busca de que se les reconozcan sus derechos sindicales.

En diciembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social envió un oficio la Empresa Productiva del Estado, firmado por el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, para conminar a Pemex a explorar esquemas para permitir a trabajadores afiliados a Petromex a ausentarse de sus funciones y realizar labores propias de las comisiones sindicales.