Más de medio siglo después de que se dio por concluido el Programa Bracero, los participantes que aún sobreviven y sus familias continúan la lucha legal para recuperar el fondo de ahorro que se constituyó con 10 por ciento de su salario.

Este jueves, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene agendado votar seis de los amparos promovidos por este grupo. En los proyectos de resolución respectivos se propone otorgar la protección de la justicia federal, pero únicamente para que las autoridades correspondientes brinden una respuesta fundada sobre el destino final que tuvieron los 122 mil millones de pesos que es lo que se calcula que sumó dicho fondo.

Luego de que se denunciara la desaparición de este dinero, en 2005, diputados y senadores aprobaron una ley para crear un fideicomiso que administrara el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos como un mecanismo para apoyar a los afectados, sin embargo, los braceros denunciaron que este instrumento financiero no cuenta con recursos.