La Fiscalía General de la República (FGR) deberá abrir los expedientes de los casos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, que fueron escenario de masacres contra migrantes entre 2010 y 2012, ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al considerar que los hechos se relacionan con violaciones graves a derechos humanos.

El comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford, argumentó que la reserva de información no procede, pues los casos se relacionan con violaciones graves a derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó al Inai dejar sin efecto una resolución que había tomado el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en la que confirmó la respuesta de la entonces Procuraduría General de la República, que determinó clasificar la información como reservada.

En este contexto, aprobó el proyecto presentado por el comisionado Guerra Ford que instruye la entrega de los expedientes en versión íntegra del caso de la masacre de los 72 migrantes de 2010, las 47 fosas de 2011, ambos en San Fernando, y los restos de 2012 en Cadereyta.

Los tres asuntos tuvieron impacto no sólo a nivel nacional, sino internacional y que actualmente el tema de los migrantes es una constante preocupación para México y para todo el mundo, toda vez que nuestro país es el camino de constantes caravanas que pretenden llegar a Estados Unidos, por lo que se acrecienta como grupo vulnerable, pues su trayecto corre el riesgo de ser interceptado por grupos de la delincuencia organizada, como todo suele parecer que así sucedió.