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Por violencia, se deben aplicar políticas públicas preventivas, señala Reinserta
 
Periódico La Jornada
Martes 18 de febrero de 2020, p. 27

La organización Reinserta condenó la omisa actuación oportuna de las autoridades capitalinas involucradas en la investigación de la muerte de la menor Fátima y exigió la aplicación de políticas públicas eficaces en materia de prevención, las cuales deben ser acompañadas por un esquema de supervisión y evaluación para la toma de decisiones asertivas.

El grado de violencia alcanzado en México y su nivel de normalización, donde los niñas y niños han pasado de ser víctimas indirectas o padecer daños colaterales, a ser víctimas directas de tan deleznable situación, es lamentable y desconcertante, indicó la agrupación.

Las autoridades y la sociedad en su conjunto hemos fracasado en proteger lo más frágil de nuestro tejido social, porque todos estamos implicados cuando permitimos que otras personas sean maltratadas, pues la ausencia de la compasión está corrompiendo la solidaridad de la sociedad en la que vivimos.

En el documento Diagnóstico de Reinserta sobre factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, se calcula que durante su infancia 36.4 por ciento de las personas sufrieron violencia sicológica, 20.4 física y 17 por ciento de tipo sexual.

La asociación, con más de cinco años dedicada a mejorar la seguridad en el país por medio de la prevención del delito, señaló que cada día son asesinados tres niñas, niños y adolescentes, o desaparecen cuatro, según un estudio de la Cámara de Diputados.

Las cifras se dimensionan cuando las humanizamos y reflexionamos sobre casos como el de Fátima, cuya desaparición se denunció el 11 de febrero, pero la fiscalía inició la parte importante de la investigación hasta un día después.

Agregó que dichos sucesos se relacionan con la ausencia de medidas de protección dirigidas a la infancia, de una política de prevención criminal en la que prevalezca el bien superior de la niñez como un principio transversal para la actuación de todas y cada una de las autoridades.