El Congreso capitalino aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México una vez que subsanó los vicios en que incurrió la extinta Asamblea Legislativa en el proceso de dictaminación de la norma expedida en 2017 y que llevaron a su invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 16 de enero.

El dictamen se aprobó por unanimidad de los 48 legisladores presentes en el pleno y los plazos previstos en su régimen transitorio permitirán que en sólo 30 días –a partir de que se publique en la Gaceta Oficial– el Congreso designe a los titulares de las contralorías internas de la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y los institutos Electoral y de Transparencia locales.

En el caso del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, podrá volver a instalarse en unos 70 días, luego de quedar desmantelado el que se instaló el pasado 24 de octubre al haber causado invalidez el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que lo preside, por efectos de la sentencia de la Corte.

En 30 días el Congreso integrará la Comisión de Selección del CPC, que a su vez tendrá también 30 días para designar a los cinco integrantes de dicho comité.

Sobre designaciones

Se añadió a la ley un transitorio que propuso el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, para establecer que la persona titular de la contraloría del Congreso capitalino dure en el cargo tres años y sea designado en los primeros 30 días naturales del inicio de cada legislatura, a partir de una terna que deberá proponer el CPC.

La designación del contralor del Tribunal Electoral capitalino se homologó con la del Congreso, a partir de una terna que presentará el CPC al pleno del órgano jurisdiccional.