En el último informe que ayer hizo público la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), se reportan irregularidades en el gasto de la administración pública local por más de mil 897 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2018.

Como parte de este informe se realizaron 194 auditorías a dependencias, entidades, órganos de gobierno y autónomos, de las cuales se interpusieron en total 19 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia y 28 ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. En este número se incluyen las nueve denuncias por el presunto manejo ilícito de los recursos de la reconstrucción, como ayer publicó este diario.

La ALDF no justificó gastos

Entre los resultados que presentó la ASCM destaca que la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no proporcionó los acuerdos que justificaran 161 asignaciones que representan en conjunto un pago de más 88.5 millones de pesos por concepto de prerrogativas entregadas a los grupos parlamentarios, a fin de realizar actividades encaminadas al cierre de la legislatura.

Tampoco se justificó la asignación de 30 mil pesos para cada grupo parlamentario por concepto de apoyo para pago de honorarios por cierre de la séptima legislatura.

Se detectó que el 25 de febrero de 2019 se expidieron ocho recibos de tesorería por más de 25 millones de pesos por concepto de prerrogativas, los cuales fueron registrados como presupuesto ejercido de 2018; por ello, la ASF concluyó que el Legislativo violó el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

“Debido a que no se tuvo acceso a todos los acuerdos (…), y a que no recibimos respuesta a las solicitudes de confirmación enviadas a los grupos parlamentarios y diputados, desconocemos si los acuerdos de dichos órganos y los presupuestales que les fueron asignados durante 2018 se encuentran debidamente autorizados, registrados y revelados en los estados financieros. No fue posible verificar el cumplimiento en general de los acuerdos emitidos”, concluyó la auditoría.

La ASF recomendó al Congreso local, por conducto de su tesorería, establecer mecanismos de control y supervisión para que las cuentas por pagar y recibos sean elaborados y emitidos para el pago de las prerrogativas asignadas a los grupos parlamentarios e indiquen de manera correcta su documento justificativo, de conformidad con la normatividad interna aplicable.