a industria petrolera nacional presentó en enero su mayor ritmo de crecimiento anualizado en 16 años, alcanzó su mejor nivel de los pasados 15 meses, y ligó su tercer mes consecutivo al alza. A estas buenas noticias debe sumarse la entrada en operación del campo petrolífero de Quesqui en el estado de Tabasco, el cual cuenta con 500 millones de barriles de reservas probadas y se espera genere 135 mil barriles diarios el próximo año; así como la posible incorporación de un megayacimiento en Veracruz con un potencial de 5 mil millones de barriles de petróleo equivalente (es decir, una combinación de crudo y gas).
Si bien las cifras referidas deben tomarse con cautela, lo cierto es que en lo inmediato suponen un éxito de la política de recuperación de la industria petrolera implementada por el gobierno federal para frenar, y posteriormente revertir, la caída libre a la cual fue condenado el sector por la combinación de corrupción rampante y desmantelamiento deliberado durante las administraciones del ciclo neoliberal.
Este éxito parcial es más significativo si se considera la catastrófica situación en la cual el gobierno en turno recibió a Petróleos Mexicanos (Pemex, símbolo y sinónimo de la industria petrolera, en tanto que aporta 97 por ciento de la producción local de crudo). En primer lugar, la sobrexplotación irresponsable del yacimiento de Cantarell, aunada al abandono de la prospección de nuevos campos petrolíferos, había llevado a un derrumbe de la producción de crudo desde su máximo histórico de 3.38 millones de barriles diarios en 2004 hasta los 1.7 millones obtenidos en diciembre de 2018. No puede pasarse por alto que la reforma energética, aprobada en el contexto del Pacto por México en 2013, agudizó el ritmo de la debacle, pese a la entrega de campos listos para la explotación a la iniciativa privada nacional y foránea.
En segunda instancia, la exacción fiscal de Pemex, en un contexto de caída en la producción y de precios petroleros reducidos, llevó a un endeudamiento brutal de la empresa, cuyos pasivos financieros se dispararon un 246 por ciento en apenas 10 años, al pasar de 546 mil millones a 2 billones de pesos entre 2008 y 2018, es decir, durante los pasados cuatro años del sexenio de Felipe Calderón y todo el de Enrique Peña Nieto. Por último, los intentos por reducir a su mínima expresión a la empresa productiva del Estado se cebaron en los trabajadores, 14 mil 694 de lo cuales fueron cesados sólo en 2015, cuando la compañía era dirigida por el hoy preso Emilio Lozoya Austin.
El somero recuento del quebranto contra Pemex echa luz sobre la magnitud de la tarea de rescate que se encuentra en curso. Dada la importancia social, económica y geopolítica que supone para el país la fortaleza de su sector energético, cabe hacer votos por que la recuperación de los meses recientes marque el inicio de un crecimiento sostenido, así como por que los recursos derivados de esta nueva etapa en la vida de Petróleos Mexicanos se usen en beneficio del conjunto de la población.
