on seis votos contra uno, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ayer válido el Congreso Nacional Extraordinario de Morena que tuvo lugar el pasado 26 de enero y, con ello, la elección del diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de ese instituto político. El tribunal puso fin a las funciones de presidenta ejercidas por la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, desde que Andrés Manuel López Obrador renunció a la dirigencia del partido para competir en las elecciones federales de 2018; culmina, así, el pleito entre la secretaría general y el resto de las instancias partidistas nacionales como son: el Congreso, el Consejo, la Comisión de Honor y Justicia, y el Instituto de Formación Política.
El fallo del TEPJF resulta de particular relevancia en tanto significa el cierre de meses de fractura abierta y otros tantos de parálisis en el partido gobernante.
En efecto, pasadas las elecciones estatales de Baja California y las extraordinarias de Puebla, efectuadas el 2 de junio de 2019, la primera fuerza política se borró de la agenda pública, una ausencia con implicaciones muy serias para la vida de esa organización, pero también para el gobierno federal y, por extensión, para la política nacional, pues durante este tiempo los planes y programas impulsados por el mandatario carecieron del apoyo unánime del partido que lo llevó al poder.
Pese a la importancia señalada, la ratificación de Ramírez Cuéllar resuelve apenas el impasse en el que cayó Morena, pero éste tiene todavía por delante un arduo trabajo de reflexión, análisis y debate acerca del tipo de partido que quiere ser, un ejercicio que nunca se dio en su fase formativa porque la organización se construyó con una meta inmediata prioritaria: llevar a López Obrador a la Presidencia de la República.
Una vez cumplido, y con la consiguiente integración de la mayor parte de los cuadros morenistas a la estructura de gobierno o a cargos de elección popular, quedó patente una falta de definición que empantanó a esta fuerza democrática más allá de las rivalidades personales y las ambiciones de poder de quienes quedaron a cargo.
Está claro que ni el Presidente ni la tendencia histórica que le dio el triunfo en las urnas en 2018 desean seguir la pauta del PRI: no es viable ni deseable un partido gobernante que sea mera correa de transmisión de la voluntad presidencial, herramienta de control corporativo o un brazo electoral del grupo en el poder.
Tampoco debiera estar en el horizonte una institución que se erija en trampolín hacia posiciones gubernamentales y reparto de prebendas, pues, si Morena reclama el reconocimiento de una diferencia sustancial con respecto al resto de los partidos, tiene que conducirse hacia una dirección distinta. Para saber cuál será ese rumbo, es necesario que el Morena defina sus tareas y su lugar en lo que resta del sexenio, definición que a su vez exige construir una propuesta de partido y una visión de futuro que vayan más allá de lo planteado por su fundador.
Cabe esperar que la solución al conflicto interno facilite las condiciones necesarias para poner en marcha la reflexión y el debate indispensables a fin de resolver esas tareas pendientes.
