ientras las discusiones sobre la necesidad de regular el outsourcing en México se multiplican en distintos ámbitos (parlamentario, político, económico, académico, empresarial, sindical), el recurso de subcontratar trabajadores por parte de empresas para que realicen labores o presten servicios internos sin recibir a cambio las prestaciones de ley, sigue extendiéndose por el país. Ensalzado por sus defensores como una manera de crear nuevas plazas laborales, en términos reales el esquema es usado por muchos empleadores para evadir impuestos, establecer formas de contratación ilegal e incrementar sus ganancias a costa de precarizar las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en el contexto de dicho esquema.

El hecho de que la tercerización (como también se le llama a esta práctica) esté considerada en la Ley Federal del Trabajo, que desde 2012 la define y delimita, no impide que sea fuertemente criticada, especialmente porque pone todos los mecanismos del contrato en manos de las empresas y deja en una virtual desprotección a la parte trabajadora. Pero también hay espacios de gobierno que no ven el outsourcing con buenos ojos, porque ante la insuficiente normatividad que actualmente lo regula, se elaboran facturas falsas y se defrauda al sistema de pensiones, a los organismos de vivienda y a la seguridad social, operando así directamente contra el fisco.

En diciembre del año pasado, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado elaboraron un dictamen con cambios a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, orientado a precisar mejor los alcances de la subcontratación. Los autores de la propuesta calificaron duramente esa práctica, cuando se aplica de manera sesgada y es utilizada para no pagar impuestos: se trata prácticamente de delincuencia organizada, dijeron. El empresariado, particularmente el agrupado en la Confederación Patronal de la República Mexicana, se opuso a las eventuales modificaciones, argumentando que éstas afectarían la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de las empresas que realizan actividades de tercerización. Aduciendo que hacía falta más reflexión sobre el tema, el Senado pospuso la discusión y de ese modo le puso un alto a los intentos de cambio. Acordó, asimismo, discutir el asunto en parlamento abierto, con empresarios, trabajadores y funcionarios públicos de distintos organismos.

A mediados de febrero pasado, el programado parlamento abierto reunió a partidarios del cambio y renuentes al mismo. Como era previsible, no hubo acuerdos en lo esencial; pero en cambio salieron a relucir algunos datos escandalosos sobre la tercerización y sus consecuencias, entre los que se contaron daños al Servicio de Administración Tributaria por 334 mil millones de pesos no pagados en impuestos, denuncias por empresas fachada, una avalancha de facturas por servicios inexistentes y algunas otras irregularidades menos espectaculares pero no menos dañinas.

En tanto el tema sigue dando de qué hablar, trasciende (ver páginas interiores) el nombre de gran número de empresas locales y extranjeras que, valiéndose del outsourcing, obtienen jugosas ganancias moviéndose entre la tierra de nadie que deja una legislación insuficiente y el campo abierto a la ilegalidad.