La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició 189 carpetas de investigación en los pasados 13 meses por el delito de trata de personas con fines de prostitución, explotación laboral o trabajo forzado, entre otras ocho modalidades, lo que ubicó a la Ciudad de México en el primer lugar a nivel nacional con 33 por ciento de 575 indagatorias.

En 214 casos las víctimas no señalaron su estado de origen; 42 fueron de la capital del país; 37 de Jalisco; 37 de Puebla y 27 de Tlaxcala –donde se detectó un subreporte–; 87 por ciento son mujeres y de los grupos etáreos, de 13 a 17 y de 18 a 24 años.

Las formas de enganche más comunes fueron el enamoramiento y las ofertas de trabajo para llevarlas a la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Baja California (Tijuana); o bien a Nueva York, Atlanta, Nueva Jersey o Houston, Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, donde se detectaron seis casos en Facebook, los tratantes trasladan a las víctimas de manera ilegal a través de coyotes que les consiguen documentación falsa, como pasaporte y visa, para estar en territorio estadunidense.

La comisión de este delito, sin embargo, se presenta también de manera legal mediante la expedición de visas de trabajo para trabajar en el campo, como niñeras –denominada intercambio cultural– o como personal diplomático, denunció Lilián López, enlace en México de Polaris.

Dijo que en redes sociales hay esquemas de reclutamiento legal, pero con condiciones de trabajo falsas, y les hacen cobros ilegales por llevarlos a Estados Unidos, obligándolos a permanecer ahí hasta que liquiden su deuda. Comentó que algunas aerolíneas cuentan con protocolos de detección.

Ana Mercedes Sainz, directora de Sin Fronteras, afirmó que en los casos de migrantes es muy grave, por el “miedo que sienten al no estar como legales en el país, cuando tienen derechos, aunque estos quedan en la tinta y el papel.

El Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, dio a conocer el caso de una mujer de 80 años que era obligada a mendigar, quien fue retornada a Guatemala sin saber sí investigó el caso; lo cual sucedió con un joven peruano y tres venezolanas víctimas de explotación laboral y sexual, respectivamente.

No hay una investigación adecuada, dejándolas en un ambiente de vulnerabilidad, cuando debemos protegerlos. La Fiscalía General de la República tiene, por ejemplo, 6 mil 500 indagatorias, pero sólo tres casos se han judicializado –0.046 por ciento–, lamentó.

María del Pilar Berrios, directora del Centro Antonio de Montesinos, señaló que falta mayor activismo de los ejecutivos estatales, pues es más fácil catalogar el delito como prostitución, en lugar de trata.