A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con todos los elementos para actuar en contra de los funcionarios que participaron en la operación fraudulenta de construcción de miles de casas de interés social en diversos estados, dicho organismo sigue postergando su labor, lo cual puede deberse a los intereses que tienen en este asunto bancos y empresas hipotecarias.

Afirmó lo anterior José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien señaló que las familias defraudadas pedirán ser incluidas en el Registro Nacional de Víctimas, para que la reparación del daño consista en la liberación de sus escrituras o la aceptación de las autoridades de un plan de pago razonable.

Como se ha informado en este diario, Pérez Espinosa fue absuelto y liberado a finales de enero, luego de haber permanecido casi cinco años preso, acusado por el delito de robo con violencia a casa habitación, pese a que las autoridades mexiquenses nunca lograron probar los cargos.

En conferencia de prensa realizada este sábado, el activista recordó que en total se identificaron 10 millones de contratos hipotecarios ilegales, emitidos por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Dichos organismos gubernamentales, explicó Pérez Espinosa, expidieron recursos a bancos e hipotecarias para que éstas, a su vez, se los prestaran a las familias en calidad de intermediarios; sin embargo, lo hicieron para vender casas con vicios de origen, con materiales de mala calidad y precios sobrevaluados hasta en 40 o 50 por ciento, como documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 31 de julio de 2014.

Las resoluciones de la CNDH van contra Sociedad Hipotecaria Federal, porque los créditos están sobrevaluados, y contra la FGR para que ejercite acción penal. El fiscal Alejandro Gertz Manero ve que ahí están las pruebas y mira hacia otro lado, porque automáticamente demostraríamos que fueron un billón 300 mil millones de pesos lo que se defraudó en México, de los cuales pagamos 38 mil millones de pesos de interés cada año, denunció el activista José Humbertus Pérez Espinosa.