a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que el gobierno federal envió una delegación al puerto de Balboa, Panamá, y a la capital de ese país, con el fin de conocer el Programa Global de Control de Contenedores, elaborado por la Ofici-na de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). La representación estuvo integrada por funcionarios de la cancillería, así como de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, de la Fiscalía General de la República, y por mandos de la Guardia Nacional.
Como es bien sabido, el siempre creciente volumen del comercio internacional se ha convertido en un facilitador para encubrir operaciones ilícitas y para el trasiego de toda suerte de productos prohibidos o regulados, desde estupefacientes hasta especies protegidas y bienes arqueológicos, pasando por armas, divisas y metales preciosos. La enorme cantidad de productos que se mueven por el mundo hace imposible una inspección física de todos y cada uno de ellos, y además la necesidad de acortar los tiempos de traslado limita la posibilidad de revisar manualmente cada contenedor, cada despacho aéreo y cada pieza de paquetería. Cabe recordar que la semana pasada el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, criticó con dureza a la empresa FedEx, a la que acusó de dedicarse “flagrantemente al narcomenudeo”, por la frecuencia con la que se descubren envíos de droga en los despachos de la firma. Desde luego, tales situaciones se dan también en México y en el resto del mundo, en otras compañías del ramo, así como en líneas aéreas, navieras y empresas de carga terrestre.
Cierto es que el uso de los servicios de transporte por la delincuencia organizada difícilmente podría erradicarse del todo, pero sí minimizarse por medio de medidas de control tan sencillas como evitar los pagos en efectivo, o tan complejas como la instauración de soluciones tecnológicas para realizar inspecciones no intrusivas de la carga que se moviliza. Un ejemplo son los detectores instalados en las áreas de control de los aeropuertos, los cuales, operados por personal bien entrenado, tienen un grado razonable de eficiencia en la detección de objetos prohibidos por los organismos internacionales de tráfico aéreo. El empleo de esta clase de tecnología combinada con inteligencia policial puede contribuir a estrechar de manera significativa las vías por las cuales la delincuencia organizada lleva a cabo sus transacciones a lo largo y ancho del planeta.
Cabe exigir que las autoridades acudan a la asesoría de científicos y de ingenieros para evitar fraudes como el de los detectores moleculares
GT200 adquiridos por diversas dependencias durante el sexenio de Felipe Calderón, objetos con los que se pretendía localizar drogas, armas y explosivos, pero resultaron ser meras cajas de plástico sin nada adentro y sin funcionalidad alguna, en cuya adquisición se invirtieron decenas de millones de dólares y cuya distribución entre fuerzas policiales y militares dio pie a un rosario de atropellos e injusticias y posiblemente causó, por su total ineficacia en la detección de armas de fuego, un número indeterminado de bajas fatales en diversas corporaciones.
Finalmente, cabe esperar que la colaboración internacional, tanto en lo administrativo como en lo tecnológico y lo policial, permita reducir de manera drástica las cargas delictivas que circulan por el mundo, disimuladas entre mercancías legales y legítimas.
