ntre las muchas señales de que México atraviesa un punto de inflexión histórico en torno a la lucha de las mujeres por la plena igualdad de derechos y el fin de la violencia ejercida en su contra, las semanas recientes se han visto marcadas por la irrupción de una nueva forma de protesta que busca crear conciencia mediante un vigoroso ¡Ya basta!
: la convocatoria a un paro nacional bajo la etiqueta #UnDíaSinNosotras, el cual ha recibido una adhesión creciente y habrá de efectuarse el lunes 9, un día después de que se realicen las marchas y otros actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Se trata de un llamado cuya justificación se encuentra fuera de duda, pues resulta inocultable que las mujeres mexicanas enfrentan la amenaza de una violencia de género creciente y multidimensional, de la cual forman parte expresiones que van desde los denominados micromachismos hasta las agresiones extremas que son la violación y el feminicidio. La urgencia de organizarse para atajar la misoginia también queda demostrada con declaraciones revulsivas como la difundida ayer por el cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, cuyos intentos de relativizar la violencia que sufren las mujeres y descalificar la lucha por la igualdad son un recordatorio de que todavía hay amplios sectores sociales y factores de poder carentes de cualquier comprensión o empatía y dispuestos a usar su influencia para boicotear el progreso hacia una sociedad plural, incluyente, igualitaria y respetuosa de los derechos en general.
Por otra parte, la irrupción de la lucha de las mujeres en el primer plano de la agenda pública ha empujado un visible viraje en las posturas gubernamentales, cambio positivo en cuanto refleja que el equipo gobernante ha cobrado conciencia de las dimensiones del problema y que a dicho reconocimiento lo acompaña la voluntad de establecer compromisos.
Es necesario plantear dos consideraciones en lo que toca a la relación entre el movimiento feminista y las instituciones de cara a las actividades de protesta que habrán de efectuarse los próximos domingo 8 y lunes 9. Por un lado, cabe saludar que el Presidente de la República comunicara sin ambages el respeto del gobierno federal al paro y que reiterara que las trabajadoras del sector público que deseen sumarse se encuentran en total libertad de hacerlo. Por otro, no puede pasarse por alto el señalamiento del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en el sentido de que parar las actividades en el mayor proveedor de servicios de salud a escala nacional supondría un perjuicio para miles de pacientes de ambos sexos, pero en especial mujeres que recibirán atención médica ese día, para el cual ya hay programados mil partos, 200 mil consultas de alta especialidad y 25 mil cirugías. En el mismo supuesto se encuentran las corporaciones de seguridad pública, cuya inactividad durante una jornada redundaría en una afectación mayor para la población en general. En casos como éstos, parece necesario encontrar un equilibrio que permita a las mujeres que lo deseen integrarse a las expresiones de protesta sin que otras mujeres se vean perjudicadas.
Cabe, por último, hacer votos porque los actos de repudio a la violencia logren impactar y conmover a las instituciones –tanto públicas como del sector privado– y al conjunto de la sociedad, ninguno de cuyos sectores puede permanecer indiferente ante la crisis de violencia que padecen las mujeres, así como expresar un rechazo enérgico a los intentos de instrumentación política de esta lucha.
