El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sólo recabó 3 mil 159 votos y opiniones a través de Internet para la elección de comisiones de participación comunitaria (Copacos) y la consulta sobre el presupuesto participativo de 2020 y 2021 –comparado con los más de 58 mil del anterior proceso en que concurrieron ambos ejercicios participativos en 2017–; en tanto, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que se cancelan las votaciones en las 48 unidades territoriales adscritas a pueblos y barrios originarios.

Previo a la jornada presencial de mañana, el Consejo General del instituto abrió la urna virtual en la que se recabaron las votaciones y opiniones por Internet de la elección y la consulta entre el primer minuto del 8 de marzo a la media noche del jueves.

Si bien alrededor de 10 mil capitalinos hicieron su prerregistro para participar por esa vía, solamente 3 mil 159 votaron en la elección y emitieron su opinión para la consulta.

En el caso de esta última, el número de ciudadanos que participaron es mayor comparado con los mil 800 de 2018, en la que se decidió la aplicación de los recursos del presupuesto participativo de 2019; sobre la elección de Copacos –que sustituirán a los actuales comités ciudadanos para el periodo 2020-2023– resulta muy marginal comparado con los 58 mil 234 de 2017 y los 137 mil 186 votos electrónicos recabados en 2013.

A diferencia de las anteriores elecciones de órganos de representación ciudadana, en la que se votaba por planillas integradas por cinco personas y se incorporaba a cuatro más de, según los sufragios obtenidos, esta vez el voto es por uno de los candidatos registrados de manera individual y la Copaco se integrará por las nueve personas que alcanzaron más votos.

La sala superior del TEPJF confirmó la resolución de la regional en la Ciudad de México por la que ordenó al IECM cancelar la elección en 48 de los mil 815 unidades territoriales correspondientes a pueblos y barrios originarios.

Los comicios en esas zonas podrán realizarse en un futuro y no mañana, porque la Ley de Participación Ciudadana no tomó en cuenta que dichas comunidades tienen su propia autonomía, explicaron los magistrados.

De esa manera, con base en su autoorganización, las comunidades originarias podrán determinar a qué proyectos comunitarios se aplicarán los recursos del presupuesto participativo.

El plan presentado por la magistrada Janine Otálora proponía revocar la sentencia de la sala regional, y aun cuando propuso modificarlo para que sólo se cancelara la elección y se permitiera llevara a cabo la consulta, el proyecto se rechazó por mayoría de votos.