onforme los gobiernos africanos imponen medidas de aislamiento social para contener la propagación del coronavirus, las naciones del continente se han vuelto escenario de preocupantes actos de excesos por parte de las fuerzas pública. En Sudáfrica la policía usó violencia verbal, persiguió con garrotes y –de acuerdo con testigos– disparó balas de goma en contra de personas sin hogar en Johannesburgo, la ciudad más poblada del país; en Ruanda, se sospecha que dos civiles fueron asesinados por la policía al desobedecer las medidas de contención; en Zimbabue, grupos de derechos humanos denuncian que han tenido lugar operativos letales antes de la instalación del toque de queda; y en Kenia fuerzas del orden rociaron con gas lacrimógeno a cientos de personas que intentaban llegar a la ciudad de Mombasa.
Esta respuesta violenta de las autoridades de una serie de países africanos refleja, por un lado, el conocido rezago de la región en materia de respeto a los derechos humanos y de vigencia del estado de derecho, así como la deficiente capacitación de sus corporaciones de seguridad pública para ejercer su cometido sin atropellar las garantías de los ciudadanos.
Por otra parte, estos drásticos esfuerzos por hacer cumplir los toques de queda y demás medidas de contención de la pandemia dan cuenta de la desesperación de los gobernantes ante una crisis que rebasa en todos los aspectos las capacidades de sus Estados. En efecto, aunque África es hasta ahora la región menos afectada por el Covid-19 (los cuatro mil casos registrados hasta ayer suponían 0.5 por ciento de los 650 mil contagios existentes en todo el mundo), la fragilidad e incluso la práctica inexistencia de sistemas de salud en muchas de las naciones del continente, hacen que incluso un nivel relativamente bajo de casos se convierta en un desafío mayúsculo. Si a ello se añade que las economías de la región ya se encuentran entre las más débiles del mundo, queda claro las sociedades africanas resultan especialmente vulnerables en esta difícil coyuntura.
Lo cierto es que las complicaciones referidas no pueden justificar el abuso de la fuerza pública ni las prácticas represivas y discriminatorias, sino que, por el contrario, deben ser ocasión para reforzar la cohesión social y corregir las deficiencias institucionales que incrementan los sufrimientos de la población en coyunturas como la actual.
