Desde enero pasado, proteger en todos los ámbitos a los adultos mayores –el grupo de población más vulnerable al coronavirus– es más que una cuestión de tradiciones, idiosincrasia o llamados de buena voluntad a las familias o los gobiernos. Es una obligación.

El 24 de ese mes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo artículo 6º establece que corresponde al Estado garantizarles condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social.

El tema es también de alto espectro económico.

En México viven alrededor de 12.9 millones personas mayores de 60 años y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y actividades de autoconsumo (donde se incluyen cuidados y apoyos a los integrantes del hogar) tuvo en 2018 un equivalente a 5.5 billones de pesos y una participación de 23.5 por ciento respecto al producto interno bruto (PIB). Al subrenglón de atención no asalariada a las familias correspondió una participación de 7.5 por ciento del PIB.

Las modificaciones a la ley irían en concordancia con las aprobadas al artículo 4º de la Constitución para garantizar programas sociales y el sistema nacional de salud para el bienestar a los grupos de población vulnerables.

De ese modo, las familias deben cumplir su función social y velar de manera constante y permanente por los adultos mayores, además de ser responsables de mantener y preservar su calidad de vida y otorgarles los satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral.