n tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció ayer al ex presidente Rafael Correa y a varios ex funcionarios de su gobierno a ocho años de cárcel por la acusación de haber liderado una organización que pidió sobornos a contratistas para financiar las campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016. Al menos en el caso del ex mandatario, la condena se produjo en ausencia, pues Correa reside en Bélgica desde que su sucesor, Lenín Moreno, rompió con él e inició una purga de todos los elementos correístas en la vida pública ecuatoriana.

La sentencia emitida ayer, que es la primera en la serie de investigaciones penales lanzadas contra Correa, no puede entenderse al margen del regreso al poder de la oligarquía de esta nación andina, cuyos intereses fueron afectados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, el proceso transformador que el ex presidente encabezó entre 2007 y 2017. A su vez, dicho control es el saldo de las alianzas tejidas por Moreno al traicionar al movimiento del que fue vicepresidente de 2007-2013, así como a quien fue su mentor político y a quien alabó de manera incansable durante la campaña electoral que lo llevó al Palacio de Carondelet.

Así pues, el proceso en curso es del todo inverosímil porque constituye una fase más de la cacería política contra Correa y sus más cercanos colaboradores (por la cual Moreno mantiene encarcelado a su propio ex vicepresidente, Jorge Glas, desde octubre de 2017), pero además resulta insólito que un juicio de tal calado se realice en ausencia, sin mediar los trámites de extradición que permitirían encauzar las acusaciones de manera legítima y legal. No está de más recordar que esta judicialización de las diferencias políticas es el mismo recurso utilizado en años recientes por las ultraderechas de Argentina, Brasil, y por el gobierno de facto en Bolivia, para desalojar del poder o para tratar de impedir el regreso de los gobernantes del ciclo progresista latinoamericano.

Por último, no puede pasarse por alto que ese juicio grotesco refleja un intento de Moreno para distraer a la opinión pública de la palpable pérdida de control sobre el país, un desmoronamiento iniciado con el retroceso en las elecciones seccionales de marzo de 2019 y cuya expresión más reciente se encuentra en el estado de catástrofe que enfrenta la mayor urbe del país, Guayaquil, como resultado de la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2: el colapso de los servicios sanitarios y funerarios en esa ciudad, así como la generalizada incapacidad de respuesta del Estado ante la crisis de salud rubrican el fracaso del regreso forzado del neoliberalismo a Ecuador, un fracaso que ya fue denunciado por el pueblo en su rebelión contra el paquetazo de medidas antisociales que Moreno intentó imponer en octubre pasado para satisfacer las condiciones bajo las cuales negoció un préstamo del Fondo Monetario Internacional.