on el decreto del pasado jueves 2 de abril, por el que se ordena la terminación de los fideicomisos sin estructura que pertenecen al Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cerrado una etapa histórica de discrecionalidad y oprobio en el manejo de los recursos públicos. Este decreto no fue de ninguna manera una ocurrencia o una acción recaudatoria o confiscatoria surgida a raíz de la actual crisis sanitaria, sino una obligación legal impuesta por la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre de 2019.

Una de las vías más socorridas por el viejo régimen neoliberal para darle la vuelta a los estrictos controles sobre el gasto público fue la multiplicación de fideicomisos sin estructura orgánica. Estas figuras del derecho mercantil permitían a los funcionarios convertir, casi mágicamente, fondos públicos en recursos privados para poder gastarlos de manera discrecional y sin control alguno.

Este proceso de privatización del ejercicio del gasto público generó el contexto para la comisión de innumerables abusos y desvíos. Durante los sexenios anteriores los fideicomisos se multiplicaron como hongos y operaban sin control, vigilancia, fiscalización y mucho menos rendición de cuentas. Baste recordar algunos casos emblemáticos, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) y los fideicomisos relacionados con el manejo de las aduanas. Estos y otros ejemplos provocaron desfalcos millonarios al Estado mexicano, algo que con el nuevo decreto presidencial jamás se podrá repetir.

Hoy casi todas las ramas y áreas del gobierno federal manejan cuantiosos recursos por medio de fideicomisos sin estructura orgánica. Al cierre de 2019 existían 338 de estos fideicomisos que manejan recursos por 718 mil 995 millones de pesos en la Administración Pública Federal. Algunos de estos fideicomisos se usan para proyectos gubernamentales sumamente importantes, pero otros son simplemente bolsas de dinero heredadas de gobiernos anteriores que no tienen utilidad pública alguna.

Desde el 2 y hasta el 15 de abril las secretarías de Hacienda y de la Función Pública tenemos la obligación de revisar todos y cada uno de estos fideicomisos con el fin de evaluar su naturaleza, objeto y destino para determinar con gran responsabilidad cuáles tienen una función pública esencial y cuáles no. Incluso, en el caso de los fideicomisos que sí cumplan con un objeto esencial para el desarrollo, también tendremos que evaluar la pertinencia de que se mantengan con su estatus actual o, en su caso, que los recursos que manejan sean devueltos a la Federación con el fin de reasignarlos directamente a cada una de las dependencias y secretarías de Estado correspondientes.

Durante el neoliberalismo, los fideicomisos fueron en el mejor de los casos parches, y en realidad continuación de la rapiña a través de hoyos negros. En principio, todo recurso público se debe manejar estrictamente de acuerdo con los lineamientos en la materia, incluyendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así que los programas, proyectos e instituciones estratégicos de gobierno que hoy dependen de recursos depositados en fideicomisos sin estructura deberían celebrar, en lugar de lamentar, la recuperación de la rectoría del Estado en sus ámbitos respectivos.

Es una gran falsedad sostener, por ejemplo, que el arte, la ciencia o cualquier otro ramo del gasto público estén hoy en riesgo. Al contrario, la desaparición de la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción gubernamental nos beneficiará a todas y todos.

Es también importante señalar que los 18 fideicomisos que sí cuentan con estructura orgánica, y que manejan recursos por 426 mil 245 millones de pesos, no son objeto del decreto presidencial. El decreto también excluye aquellos fideicomisos cuya eliminación implicaría elevar la deuda pública y los vinculados a cumplir con obligaciones laborales, de pensiones o a atender la emergencia en materia de salud.

Etimológicamente, los fideicomisos se vinculan a la fe (fides) para completar una comisión (comittere). Afortunadamente, con la recuperación de la confianza en el gobierno a partir de la nueva administración tenemos la oportunidad de despedirnos de la trasnochada fe neoliberal en el mercado todopoderoso para abrazar los nuevos tiempos de certidumbre y rendición de cuentas en favor del interés público. El decreto presidencial del 2 de abril es una muestra clara de ello.

* Secretaria de la Función Pública del gobierno de México