El Poder Judicial Federal (PJF) reforzó la seguridad de sus instalaciones y personal, incluyendo a jueces y magistrados, sobre todo aquellos que están adscritos a órganos que atienden casos relacionados con delincuencia organizada en entidades como Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, estado de México y Guerrero, entre otras.

Se trata de los estados donde operan algunas de las principales organizaciones criminales del país, entre ellas los cárteles del Golfo, del Noreste, Jalisco Nueva Generación, los Zetas, La Familia Michoacana y La Unión.

Desde 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció la jurisprudencia de que los reos tienen derecho a cursar su prisión preventiva en una cárcel cercana a su domicilio de origen, lo que también los ubica en las áreas de influencia de los grupos delincuenciales a los que pertenecen.

Así, tan sólo el año pasado, la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 303 peticiones de magistrados y jueces para que se les asignara alguna medida de seguridad, las cuales se autorizaron en 199 casos.

Estas previsiones no son permanentes, se aplican mientras el juzgador resuelve los juicios de riesgo o se evalúa que está libre de amenazas. En 2019, las medidas de protección para jueces y magistrados federales incluyeron la asignación de 91 vehículos blindados, 89 escoltas e igual número de chalecos antibalas.

Al respecto, el presidente del PJF, Arturo Zaldívar, ha argumentado que estas medidas son necesarias para garantizar la labor de jueces y magistrados: para asegurar que los funcionarios judiciales puedan desarrollar su labor libres de presiones, amenazas o intimidaciones y proteger su independencia e imparcialidad.

La Jornada publicó que el PJF ha invertido más de 167 millones de pesos en equipo y medidas de seguridad, incluyendo un curso de prevención de emboscadas para los choferes de los ministros de la SCJN.

La medida más reciente en este sentido es la contratación del Servicio de Protección Federal, que es una corporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para resguardar sus inmuebles; el monto de este acuerdo no se ha formulado.