El juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al gobierno capitalino y a las autoridades penitenciarias locales implementar protocolos de prevención sanitaria eficaces y proporcionales en los centros de detención, a fin de evitar contagios o la propagación de la enfermedad infecciosa Covid-19, así como revisar a los internos para detectar si alguno presenta síntomas del coronavirus SARS-CoV-2.

El juez fijó un plazo de 24 horas para que rindan un informe justificado sobre la aplicación de dichas medidas sanitarias ya que de no hacerlo pondrían en riesgo la salud, vida e integridad de los internos, sus familiares y personal penitenciario, debido a la emergencia global ocasionada por la Covid-19.

Además, ambas instancias deberán aplicar las medidas necesarias para garantizar a los internos el contacto con el mundo exterior a efecto de mantener comunicación con sus allegados, así como el acceso a la información para que los reclusos y sus familias tengan conocimiento de las medidas adoptadas para la protección de la salud.