e acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es la quinta nación de América Latina y el Caribe que menos ingresos fiscales recauda como porcentaje de su producto interno bruto (PIB), con 16.1 por ciento, que lo sitúa sólo por arriba de Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, y notoriamente por debajo tanto del promedio regional (23.1 por ciento) como del promedio entre los países que integran dicha organización (34.3 por ciento).

En la presentación del informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2020, elaborado en conjunto con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también se destaca como una debilidad de la región latinoamericana su alta dependencia de los impuestos al consumo y su baja recaudación por concepto de gravámenes sobre la renta, lo cual reduce el poder redistributivo de los sistemas tributarios y limita el espacio para abordar las vulnerabilidades que son causa principal de malestar social. En el caso par-ticular de México, resalta el bajo porcentaje de ingresos captados en el rubro de cotizaciones a la seguridad social, de apenas 13 por ciento frente al 26 por ciento promedio de la OCDE, lo cual podría reflejar las altas tasas de informalidad de la economía, pero también la sistemática evasión de responsabilidades patronales en la materia.

Los datos mencionados desnudan el brutal déficit de financiamiento que padece el erario a cuenta de una política fiscal que por décadas ha sido más que generosa con los grandes capitales y, a la vez, liquidan cualquier argumento esgrimido por los organismos cupulares de la iniciativa privada para que el gobierno federal les permita diferir o exentar sus obligaciones fiscales como forma de apoyo para capear la profunda crisis económica en que han derivado las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas por la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). En efecto, resulta no sólo absurdo, sino a todas luces inviable que el sector público sacrifique recursos fundamentales para aliviar las finanzas de quienes se han visto, y todavía se ven, favorecidos por una subrecaudación crónica.

Si a lo anterior se suma la previsión de que los ingresos tributarios se contraigan como resultado del hundimiento en los precios petroleros y de otras materias primas, está claro que es necesario fortalecer la recaudación y que dicho fortalecimiento debe emprenderse a partir del doble entendido de que ningún Estado moderno puede desempeñar sus actividades esenciales si no recibe impuestos de manera suficiente y efectiva y, al mismo tiempo, de que las graves desigualdades socioeconómicas imperantes exigen mirar hacia los impuestos sobre la renta tanto personal como corporativa, y a aquellos que pesan sobre la propiedad, pues sólo de esta manera la política fiscal podrá coadyuvar a una distribución equitativa de la riqueza nacional.