El lanzamiento del plan homologado de búsqueda de personas desaparecidas puede significar un avance importante en la definición de protocolos para que todas las autoridades del país sepan exactamente cuáles son sus responsabilidades en la materia, pero si no hay recursos económicos suficientes, no tendrá ninguna utilidad, consideraron organizaciones civiles.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, encomió la presentación de la propuesta por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ya que el Plan Homologado era una parte de la Ley General en Materia de Desaparición que hasta el momento se había dejado de lado.

En ese sentido, afirmó que la iniciativa tiene muchos puntos positivos, entre ellos que abre la discusión a cualquier persona o colectivo que tenga algo qué decir sobre el tema, define con claridad cuáles tareas corresponden a las diversas instituciones o niveles de gobierno, toma en cuenta estándares de convenios internacionales y da el mismo nivel de importancia a las comisiones de búsqueda que a las fiscalías.

Sin embargo, la activista alertó que todos los posibles avances de esta iniciativa –la cual está en la etapa de análisis previo, del 5 de mayo al 5 de junio– no servirán de nada a menos que las autoridades muestren voluntad política para cumplirlos, lo cual se debe traducir en recursos económicos suficientes.

“Las palabras son muy bonitas, pero todo esto sólo se puede traducir en realidad operativa si tiene el presupuesto suficiente, ¡y no lo hay! La CNB debería tener a unas 300 personas y apenas son 50.