l lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria desde ahora y hasta el 24 de marzo de 2024. El decreto faculta a los integrantes del Ejército y la Marina para participar en labores de prevención del delito, salvaguarda de la integridad de las personas y su patrimonio, realizar detenciones y colaborar con autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección, todo ello de manera subordinada a la Guardia Nacional. En cambio, los militares no podrán llevar a cabo labores de investigación para la prevención de delitos, operaciones encubiertas o análisis de información para la generación de inteligencia.

Cabe recordar que el sustento jurídico del acuerdo se encuentra en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que entró en vigor el 26 de marzo de 2019 y que el decreto del lunes se enmarca en la serie de disposiciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y el reglamento de la misma, todas ellas promulgadas entre mayo y junio pasados.

También es necesario considerar que todas las disposiciones mencionadas se impulsaron por dos razones fundamentales: la ausencia de una corporación policiaca de alcance nacional confiable y efectiva, y la improcedencia de que las fuerzas armadas desempeñaran las tareas policiales que las corporaciones de seguridad pública existentes no lograban cumplir. En efecto, desde que el gobierno de Vicente Fox comenzó a involucrar a los militares en labores policiales, y sobre todo a partir de la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón, se ha señalado que la participación de los elementos castrenses en este tipo de tareas resultaba contrario a sus atribuciones constitucionales y representaba una amenaza a los derechos humanos debido a la naturaleza misma de las funciones para las cuales se entrena y capacita a las fuerzas armadas.

Por lo dicho, resulta preocupante que se prolongue por el resto del sexenio la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: si bien se remedió la ausencia de cobertura constitucional con que los gobiernos anteriores echaron mano de los militares para suplir a las corporaciones policiacas, subsisten los cuestionamientos que Ejército y Marina han recibido por parte de organismos de derechos humanos, académicos, expertos en seguridad y otros actores sociales cuando participan en labores ajenas a las que les dan razón de ser: la defensa de la integridad territorial, la independencia y la soberanía del país.

El hecho es que los militares no han dejado de estar presentes en las tareas de seguridad. A fines del mes pasado la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 48 mil 759 efectivos del Ejército participaban en acciones contra la delincuencia, seguridad pública, vigilancia del territorio nacional y otras actividades para garantizar la integridad, la independencia y la soberanía nacional, sin especificar cuántos de ellos estaban asignados a las primeras dos de esas tareas.

Es claro que la Guardia Nacional no ha conseguido la dimensión, la consolidación institucional ni la presencia territorial previstas, pues hasta el 26 de abril esta corporación sólo se había desplegado en 150 de las 250 regiones proyectadas y apenas contaba con 70 mil 793 de los 140 mil efectivos que se consideran necesarios para su operación plena. Aun así, el gobierno federal le debe a la sociedad una explicación transparente de las razones que le llevaron a tomar esta decisión que parece regresiva en materia de su propia estrategia de seguridad y de la demanda que el actual Presidente defendió no pocas veces en el sentido de regresar al Ejército a los cuarteles.