Al amparo de un entramado legal construido en las pasadas dos décadas, decenas de grandes empresas y algunas sociedades ficticias obtienen cada año millones de pesos en beneficios por tarifas subsidiadas, práctica que cuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta 45 mil millones de pesos anuales, según informes oficiales.

La práctica, conocida como porteo, consiste en usar las redes de transmisión de la CFE, por empresas que generan de manera independiente electricidad, al amparo de tarifas subvencionadas.

Incluso, algunas compañías que generan cerca de sus centros de consumo no pagan porteo y derivado de modificaciones legales se ha detectado sociedades ficticias y otras reales que se benefician de tarifas preferenciales.

Las empresas deben pagar un derecho por uso de líneas de transmisión; sin embargo, éste es menor al que cubren otros consumidores. Incluso, si generan electricidad con fuentes renovables, las tarifas son aun menores.

Un diagnóstico de la CFE destaca que la reforma energética en materia de electricidad tuvo como resultado principal reducir las capacidades operativas, financieras, de inversión y de servicio de la empresa productiva del Estado, lo cual demuestra el imperativo de su rescate mediante una política fundada en el principio de interés general, público y nacional que le permita participar en igualdad de condiciones en la industria eléctrica.

Ante ello surge la necesidad de que se revisen los contratos y tarifas que deberán pagar en términos actualizados los generadores privados por el uso de líneas de transmisión de la CFE, de acuerdo con especialistas.

De esta forma, las tarifas del servicio público de transmisión y distribución que estableció la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2016 no cubren sus costos reales.

Los generadores de energía eléctrica privados, bajo las diferentes modalidades de autobasto, cogeneración y generación independiente, entre otros, ya alcanzan 40 por ciento del total de la energía eléctrica producida y la CFE cubre el 60 por ciento restante, señalan los informes oficiales.

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 admite que, en el contexto de la reforma energética, en la Ley de la Industria Eléctrica se decretó que todos los permisos otorgados antes de la modificación deberán mantenerse incorporando a privados de forma inequitativa.

La norma obligó además a la CFE a crear una filial para hacer el trabajo operativo y administrativo a quienes son sus competidores dentro del mercado eléctrico, generando pérdidas por 7 mil 820 millones de pesos sólo en 2018.

Estos contratos estarán vigentes hasta 2039. De continuar así arrojarán pérdidas hasta por 160 mil millones de pesos, según cálculos de la CFE.

Además, se ha interconectado al sistema eléctrico una gran capacidad de centrales eléctricas renovables y convencionales, lo cual ha saturado la red en algunas regiones del país, comprometiendo la confiabilidad y seguridad del suministro. La zona noreste es un ejemplo específico de este caso. El Istmo de Tehuantepec también está saturado.

Por otro lado, la empresa productiva del Estado ha venido comprando electricidad a privados a partir de 2000 y para ello ha facilitado la adquisición de terrenos, construcción de centrales, interconexión a la red eléctrica, suministro y transporte de combustible y estudios técnicos de factibilidad, por lo que se convierten en proveedores constantes y soportados por la CFE, de acuerdo con la compañía.

Se han autorizado mil 188 permisos para generadores privados por un total de 84 mil 491 megavatios (MV), cantidad que incluye a los productores independientes de energía, y 165 permisos por 45 mil 558 MV para la CFE.

Bajo este esquema están operando 303 centrales, a las que se ha autorizado autoabastecerse y despachan energía mediante contratos a 70 mil 318 socios bajo la figura de contratos de autoabasto.

Adicionalmente, se han detectado sociedades ficticias con capital mínimo (un dólar), las cuales (generadores y socios) utilizan la infraestructura de transmisión y distribución (porteo) de la CFE.

Las condiciones de competencia inequitativa prevalecen, pues al vencimiento de los contratos estas centrales podrán instalarse en el mercado, después de haber sido subsidiadas prácticamente por la CFE.

Hay un ejemplo de empresa autoabastecedora sin consumo propio, con capacidad superior a 200 MV. Tiene más de 7 mil socios, de los cuales 80 por ciento son oficinas y comercios de grandes corporativos.

Por ejemplo, Iberdrola puede vender más barato que la CFE porque disfruta de un porteo subsidiado al amparo de la idea de que a los productores privados hay que darles facilidades para el uso de la red de CFE.