La desigualdad en el ingreso en México es más del doble de la que, en promedio, registra el conjunto de naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Una décima parte de las familias del país que está en la punta de la pirámide concentra 36.4 de cada 100 pesos de ingreso que se genera anualmente en el país, de acuerdo con la OCDE.

En el lado opuesto, la décima parte de las familias que está en la base de la pirámide percibe 1.8 de cada 100 pesos, establecen datos del organismo.

Así, el ingreso del que se hace la décima parte de las familias más acaudaladas multiplica por 20 la proporción del ingreso nacional que queda en manos de las menos favorecidas, proporción que es más del doble de la que prevalece en promedio entre las naciones que forman parte de la OCDE, que es de 8.4 veces.

En esta etapa de superricos, de gran concentración del ingreso debido a la globalización y a los negocios multinacionales, los impuestos al patrimonio son una discusión urgente, porque necesitamos mecanismos de recaudación que sean solidarios, progresivos, porque finalmente en esta pandemia quienes más sufren son los que menos tienen, explicó en entrevista Ricardo Martner, integrante de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict, por sus siglas en inglés).

De manera simultánea a ser el país con mayor disparidad de ingresos, México también es el último en cuanto a recaudación como proporción del producto interno bruto (PIB). Capta recursos tributarios por 16.1 por ciento. No sólo se encuentra por debajo de los integrantes de la OCDE –donde es casi el doble, con 33.1 por ciento–, sino también es el último en América Latina, dado que, en promedio, los países perciben 23.1 por ciento.

Además, es el país de la OCDE donde resulta más barato a los empleadores contratar fuerza laboral, una vez sumados impuestos y retribuciones a la seguridad social. Pese a ello, el ala patronal en México –de la que es vocero Gustavo de Hoyos Walther– ha hecho públicos sus cuestionamientos por la propuesta de gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso.

En enero pasado, más allá de los ingresos que pueden venir por rentas, rendimientos o trabajo, la confederación internacional Oxfam reportó que las seis personas más acaudaladas en México concentran mayor riqueza que 62.5 millones que viven en la pobreza y equivalen a 50 por ciento de la población. Los impuestos patrimoniales destacan en Noruega, Suiza, Bélgica, Francia y España; los primeros cuatro reportan brechas de desigualdad menores a las del promedio de la OCDE.

Al respecto, Martner, quien estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, detalló que en este contexto todas las economías de América Latina tienen enfrente la coyuntura de ir por sistemas tributarios más progresivos, que se traduzcan en impuestos directos y no en otros bastante agresivos con los más pobres, como el impuesto al valor agregado.

Sin embargo, los impuestos al patrimonio son mecanismos a largo plazo e implican endurecer la transparencia patrimonial, sin esconder nada. Ahí está todo el tema de la planificación tributaria progresiva, detalló el investigador. También se deben implementar medidas más agresivas contra los flujos ilícitos, así como contra la evasión y la elusión, que en los últimos años han practicado sobre todo las empresas internacionales en México.

Impulsar un esquema de ese tipo, subrayó, también implica invertir realmente en los sistemas de fiscalización.