El segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito otorgó una suspensión definitiva a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las seis cuentas bancarias con 151 millones de dólares.

Según el fallo, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, realizó el congelamiento a solicitud de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para investigar posibles vínculos de la casa de estudios con una organización criminal que opera en México. Sin embargo, los magistrados argumentaron que la UIF nunca exhibió una constancia de la petición.

Los magistrados Juan Carlos Hinojosa, José Guadalupe Sánchez González y Aníbal Lafragua Contreras resolvieron por unanimidad de votos que la medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovió la casa de estudios, mientras podrá disponer libremente de los fondos.

Por su parte, la UAEH señaló en un comunicado que el fallo inapelable, del pasado 15 de mayo, confirma la total plenitud, transparencia y estricto apego al estado de derecho. Agregó que los impartidores de justicia declararon infundado e insuficiente el recurso de revisión adhesiva para mantener bloqueadas las referidas cuentas, y que, ante dicha resolución, dejará correr los plazos correspondientes de ley para que todas las instancias involucradas sean plenamente notificadas.

En su dictamen, los togados afirmaron que la UIF sustentó el congelamiento en la existencia de documentos. En su informe previo, si bien aludió a una comunicación de asistencia internacional del 21 de febrero de 2019, signada por el director regional adjunto de la DEA, en la que se le informó que se estaba llevando a cabo una investigación a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por creerse que estaba involucrada con una organización criminal, lo cierto es que ninguna constancia de ello presentó.

A finales de febrero del año pasado, la UIF informó sobre el bloqueo de las cuentas la universidad estatal tras ser alertados por el sistema financiero de que la institución educativa había realizado varios movimientos bancarios inusuales, como depósitos y transferencias internacionales.