Derivado de un amparo promovido por diversas organizaciones ante la pandemia del Covid-19, un juez del segundo distrito de Chihuahua ordenó medidas cautelares para proteger la salud de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos. Entre ellas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador destine recursos federales para la atención y protección de esta población.

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), explicaron que el pasado 13 y 18 de mayo el juez Arturo Alberto González Ferreiro resolvió una suspensión en beneficio de los migrantes y personas sujetas de protección internacional como resultado de un amparo promovido (570/2020) el 12 de mayo.

Destacaron que en la resolución, de la cual La Jornada obtuvo una copia, también se ordena al Consejo de Salubridad General y otras autoridades emitir protocolos para la internación de migrantes y dictar medidas generales a esta población, a fin de contener el contagio del Covid-19 en Chihuahua.

Precisaron que aunque el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no fue demandado en el juicio, el juez González Ferreiro consideró necesario requerirle información y ordenó que, al igual que el Consejo Estatal de Población en Chihuahua, identifiquen a las personas con necesidades de protección internacional que se encuentran en esa demarcación con el fin de contar con datos desagregados por nacionalidad, edad y sexo.

En el juicio de amparo también han sido demandados las secretarías de Gobernación, su subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la de Salud y de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud de Baja California, en su calidad de vocal del Consejo de Salubridad General de México y representante de la región noroeste.

Esta decisión llama a una coordinación entre los gobiernos federal y estatal con el fin de establecer acciones concertadas que protejan la salud de la población migrante, solicitante de asilo y sujeta de protección internacional, así como de los ciudadanos chihuahuenses, quienes son receptores de los retornos impuestos por el gobierno estadunidense y avalados por el gobierno mexicano, señalaron las organizaciones.

Precisaron que esta resolución se suma a las que ya han emitido jueces de Baja California y la Ciudad de México dirigidas a proteger la salud de los migrantes en el país, independientemente de su estatus legal.