Sería un error la modificación o desaparición de los fideicomisos de Prevención de Desastres (Fopreden) y Nacional para Desastres Naturales (Fonden) ya que se perderían proyectos y estrategias importantes. Un ejemplo de ello es que este tipo de esquemas financieros se requieren para establecer los mejores programas para evitar afectaciones por el impacto de los ciclones en sitios considerados de riesgo y en los cuales habitan 17 millones de personas.

Con los fideicomisos específicos de esos programas se paga el mantenimiento y se fortalecen las redes de detección sísmica, el monitoreo volcánico (del Popocatépetl y el Volcán de Fuego, en Colima) y de alertamiento de tsunamis, afirmó David León Romero, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En entrevista con La Jornada, el funcionario, que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió su opinión en torno a la propuesta legislativa de desaparecer todos los fideicomisos financieros que opera el Poder Ejecutivo, y entre ellos se encuentran los que aportan recursos para el Fopreden y Fonden, a lo cual dijo: “Confío en las instancias legislativas y que sus consideraciones lleven a concluir que estos dos instrumentos no desaparecerán.

El Sistema Nacional de Protección Civil es un territorio de neutralidad política que debe seguir adelante, y hay que llevarlo apostando a la prevención, otorgando más recursos al fondo de prevención, ya que permite evitar emergencias y futuros desastres.

Refirió que en México se presentan fenómenos climatológicos o sísmicos que requieren programas de prevención de desastres, y puso como ejemplo que durante 2019 se registraron 26 mil 400 sismos, el de mayor magnitud fue de 6.5 y no hubo grandes daños. En ese año cinco ciclones impactaron en territorio nacional, lo que ocasionó que se emitieran 51 declaratorias de desastre en comunidades de 17 estados de la República, y por lo cual el gobierno tuvo que utilizar recursos de los fideicomisos para atender las emergencias; fue necesario emplear alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

La mayor parte de los recursos se destinaron a la reparación o reconstrucción de escuelas, caminos, puentes, obras públicas en general, y se debe mencionar que en esos casos, cuando se atiende una emergencia, los recursos no pasan por los funcionarios públicos, sino que luego de las evaluaciones especializadas se acuerda con las autoridades locales el inicio de las reparaciones o construcciones, y finalmente el consejo que integra el fondo de que se trate paga directamente a la empresa que realizó el trabajo, señaló David León Romero.

Advirtió que en caso de que procediera la modificación, se perdería la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de destinar un porcentaje del Presupuesto de Egresos para prevención, sino que también los gobiernos estatales dejarían de estar obligados a tener una bolsa para este tipo de contingencias.