El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se autoriza el intercambio de datos biométricos de ciudadanos entre las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores (SRE) puede ser eventualmente riesgoso, ya que no hay certeza de que la cancillería esté facultada para hacer una operación de este tipo, ni existen garantías suficientes en el país para evitar que esa información sea robada, alertaron especialistas en el tema.

Edgardo Martínez, consultor internacional en datos personales, afirmó que existe una serie de dudas válidas respecto del acuerdo de Fortalecimiento del Registro Nacional de Población, entre ellas si la SRE tiene la capacidad legal de intercambiar con otros organismos los datos bajo su poder, en particular aquellos como las huellas digitales, el iris o la firma de una persona.

Por su parte, Santiago Narváez, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, coincidió en que no hay certeza de que la SRE esté facultada para hacer este tipo de intercambios de información, y que en el país la protección de datos biométricos es limitada y poco clara, porque no están definidos como datos sensibles, lo cual los pone en un estado de ambigüedad e incertidumbre. Un mal uso de los registros, pondría en riesgo diversos derechos sociales de los afectados.