Desde 2018 la hoy Fiscalía General de la República (FGR) no paga servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo que la institución utiliza para el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés), a pesar de que es un software que se emplea para establecer la identidad de presuntos participantes en delitos o bien para integrar los registros de servidores públicos.

Funcionarios federales señalaron que la falta de mantenimiento ha dificultado la labor de peritos, y además de disminuir la productividad en el desahogo de peritajes.

Durante 2008 y 2009 la entonces PGR pagó 190 millones 933 mil dólares por la adquisición de equipo, lo que incluyó instalación, distribución, licencias y capacitación. Datos de la dependencia refieren que entre 2010 y 2018 la institución pagó 33 millones 649 mil 656 pesos; sin embargo, desde 2019 no se han realizado erogaciones por este concepto.

En el quinto informe de labores de la PGR correspondiente al periodo 2016-2017 se menciona la importancia de este sistema para la operatividad en contra de la delincuencia: “este proceso mantiene una cobertura a escala nacional, en 33 sitios que están ubicados en cada una de las 32 delegaciones estatales de la FGR y uno más en el laboratorio central. Es una herramienta de apoyo a las y los peritos de la especialidad de dactiloscopía forense, para establecer la identidad de un individuo, mediante la búsqueda, cotejo y análisis de impresiones dactilares en forma automatizada.

Del primero de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017 se aportaron a la Base de Datos Nacional de Huellas Dactilares de la Comisión Nacional de Seguridad Pública un total de 22 mil 23 registros decadactilares y palmares, que constituyen 100 por ciento de los casos presentados, estableciendo un gran total de 641 mil 786 registros capturados por la PGR en esta materia desde su puesta en marcha en 2000 a junio de 2017.

Además de los registros de funcionarios públicos, en esta base de datos se encontraban almacenados los datos que permitían ubicar si habían sido disparadas las armas de la extinta Policía Federal, las armas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, los proyectiles y casquillos sujetos a investigación que han sido recabados por las procuradurías estatales y las denominadas huellas balísticas de las armas de policías estatales y municipales.

La información proporcionada por la FGR señala que de 2010 a 2018 se realizaron pagos anuales por mantenimiento y conservación del equipo en el que está instalado este software, el último pago fue por 9 millones 300 mil pesos. Durante 2019 y este año no se ha cubierto este servicio.