Al tiempo que esta semana se confirmó el primer caso de Covid-19 en el municipio tzeltal de Chilón, Chiapas, la situación de precariedad en que se encuentran 262 desplazados por la violencia de grupos armados se agravó, ya que, como señala el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), las autoridades los han desatendido, no reciben ayuda humanitaria, no se propicia su retorno ni se les hace justicia.

En los primeros meses de 2018 dio inicio una ola de violencia contra pueblos de Chilón. Desde entonces, un grupo civil armado mantiene sitiadas a varias comunidades; mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones controla el territorio e impone el miedo, reporta el organismo civil.

El 3 de junio de 2018, en la comunidad de Carmen San José, el grupo armado asesinó a Marín Luis Gómez Guzmán. Las agresiones con armas de grueso calibre provocaron el desplazamiento de familias enteras.

El grupo armado, procedente de Pechton Icotsilha’, saqueó, quemó cafetales, destruyó viviendas y la escuela primaria. A la fecha impide el retorno de 34 familias (156 personas), porque dispara a quienes intentan regresar.

El 6 de diciembre de 2019 el mismo grupo desplazó a 25 familias (106 personas) de San Antonio Patbaxil.

Sin respuesta

Estas familias denunciaron despojo, robo, daños, homicidio y secuestro, entre otros delitos, ante la Fiscalía General del estado, instancia que se ha conducido sin la debida diligencia en la investigación, sin identificar a los responsables, que permanecen impunes, expone el Cediac. A dos años del desplazamiento, el Estado no ha realizado acciones eficaces de protección para las víctimas, ha sido incapaz de brindar seguridad y ofrecer ayuda humanitaria.

Los trámites para acceder a los servicios de salud, alimentación, educación y alojamiento son burocráticos. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría General de Gobierno del estado exigen actas e identificaciones con las que muchos no cuentan, porque se perdieron durante el desplazamiento, y no les otorgan las ayudas. También han incumplido las minutas firmadas en diversas reuniones.

Las familias desplazadas de Carmen San José y San Antonio Patbaxil sobreviven en hacinamiento y precariedad en otras comunidades. Algunas jefas y jefes de familia migraron para buscar trabajo.

Ante la crisis por Covid-19, el Cediac y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas demandaron el 3 de abril pasado a los gobiernos federal y estatal, puntual atención para las familias víctimas de desplazamiento, pues dada su vulnerabilidad tienen un mayor riesgo de contraer el virus y de padecer hambruna. La atención que presta el Centro de Salud con Servicios Ampliados en la cabecera municipal es precaria y le falta personal médico.

El Cediac exige garantizar la seguridad de las 59 familias desplazadas, investigar los hechos que derivaron en su desplazamiento y evitar que ocurra lo mismo en las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tsubute’el Santa Rosa (Chilón) y Santa Cruz (municipio de Sitalá).