Diversas organizaciones civiles condenaron el anuncio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que carece de facultades legales para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, al considerar que de esta forma el organismo decide no dar la batalla en un tema fundamental.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayó que la posibilidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad es una de las principales herramientas de la CNDH para prevenir violaciones a las garantías individuales, y es de tal importancia que tan sólo en 2018 utilizó 53 veces dicho recurso, por lo que renunciar a ello en el tema de la militarización de la seguridad pública es un gesto preocupante.

Recordó que la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra fue electa con un halo de duda porque no cumplía los requisitos de ley para ese cargo, pero además porque hubo quien dijo que era muy cercana al Presidente. Hoy, ese velo de la incertidumbre se hace realidad y vemos que es una CNDH que, cuando tiene que dar la batalla, decide no hacerlo, en un acto consciente y deliberado.

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que el anuncio de la CNDH corrobora lo que hemos dicho desde el primer día del nombramiento de Piedra: no goza de autonomía ni de independencia respecto al Ejecutivo federal, y no va a ejercer todas las atribuciones que le confiere la ley para ser un contrapeso.

Según el especialista, la CNDH “técnicamente pudo haber presentado una acción de inconstitucionalidad, pues el gobierno federal mañosamente no le puso ‘decreto’ (al documento publicado el 11 de mayo en el que dispone de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública), sino ‘acuerdo’, aunque su contenido es de corte normativo general”.

Catalina Pérez Correa, del colectivo #SeguridadSinGuerra, coincidió en que el mencionado acuerdo en realidad tiene los efectos de una norma general. En todo caso, hubiera sido conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si la CNDH tenía o no posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, después de que este organismo hubiera intentado hacerlo.