Una ganancia hasta de 3 mil 500 pesos al mes para mantener a su familia es lo que obtenía un ex talamontes por cortar y vender ilegalmente madera de árboles en la zona de Santa Ana Tlacontenco, en Milpa Alta.

El hombre, quien solicitó el anonimato, se inició en la práctica de la tala clandestina en 2010, cuando fuertes vientos derribaron más de 10 mil árboles.

Él, junto con pobladores de San Salvador y San Pablo, subieron a los montes para recoger la madera que dejó el fenómeno natural.

En año y medio, el ex talamontes fue parte de un grupo de más de 150 personas con quienes extrajo decenas de toneladas de madera en rollo.

Transformábamos esa madera en polines y los vendíamos con nuestros vecinos a 23 pesos. En mi taller sacaba 250 polines, la costera de la madera la donábamos para hacer bardas o cocinitas de leña. Era un beneficio para nuestra economía.

En dos ocasiones fue capturado por las autoridades en operativos diferentes, pero sólo una vez se le fincó delito ambiental, aunque pagó fianza de 8 mil pesos para obtener su libertad. A partir de ese momento dejó de talar y se dedicó a la construcción de casas, pues ahora se dice arrepentido.

Ya no se puede justificar la tala por la necesidad de la gente; hay muchos oficios en Santa Ana y en lugar de depredar nuestro bosque podemos hacer otras cosas. Tengo hijos y nietos; me gustaría que ellos sigan viendo el bosque, la gente debe ser más consciente.

Problema latente

Si bien decidió retirarse de la tala ilegal, en los parajes más recónditos del bosque siguen ingresando grupos armados en las madrugadas para talar oyameles de 30 metros de altura y de más de 70 años de edad, que son transformados en tablas o polines, y puestos a la venta ilegalmente. En pleno día se observan camiones cargados de leña, lo que se conoce como tala hormiga.

En un momento esto va a quedar en manos de gente que sólo se dedica a explotar los bosques, y nos van a dejar sin agua, sin oxígeno, sin la fauna silvestre que se extingue, advirtieron los comuneros Jacinto Victoria y Albino Torres.

En opinión del vecino Víctor Jurado Vargas, falta voluntad política desde la Comisión de Recursos Naturales (Corena) hasta las instituciones del gobierno federal.

Es una tristeza que en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador hagan un esfuerzo extraordinario por destinar tantos millones de pesos para conservación, y en este momento sea cuando en peores condiciones estén nuestros bosques, porque no hay un programa enfocado en estos asuntos. No hay un estudio real de cuál es la situación del bosque para que haya recomendaciones y aplicación de recursos.

Víctor Jurado y José Roberto Iglesias, quienes forman parte de las brigadas de protección del bosque, coincidieron en que la vigilancia se ha relajado durante la pandemia de Covid-19, pues varios de sus integrantes son personas vulnerables que han debido resguardarse.