Madrid. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró alrededor de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, a mediados de la década de los 90, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el ex monarca y ubicada en un paraíso fiscal.

El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90, entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fue la época en que la multinacional española invirtió en el caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples tribunales por corrupción. Entre dichos cargos está el del pago de comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.

El portal de Internet español OK Diario informó que Orleans declaró ante la fiscalía: A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana.

El fiscal suizo Yves Bertossa, quien interrogó a Orleans, es el hijo de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.

Los tribunales suizos realizan una investigación más amplía para esclarecer las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, quien pretende evadir al fisco y a la justicia tras cobrar varios cientos de millones de euros por sus mediaciones con otros gobiernos para conseguir contratos públicos a empresas españolas, entre ellas la multinacional OHL, presidida por el mexicano Luis Amodio.

El Congreso de los Diputados volvió a rechazar crear una comisión investigadora como exigen grupos de oposición, sobre todo independentistas y nacionalistas, además de Unidas Podemos, que actualmente es socio de gobierno del PSOE, que se opone a la medida.