París. El ex primer ministro de Francia François Fillon fue condenado este lunes a cinco años de cárcel, dos en firme, por un caso de empleos ficticios en el que usó fondos públicos para pagar a su esposa e hijos más de un millón de euros (1.13 millones de dólares) desde 1998 por funciones que nunca asumieron, escándalo que empañó la campaña presidencial del candidato de la derecha en 2017.

Los abogados de la pareja inmediatamente impugnaron el veredicto del lunes de la corte de París.

En el terreno diplomático, Macron se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, con quien llamó a los países europeos, en particular a los frugales, a alcanzar en la cumbre europea de julio un acuerdo para reactivar la Unión Europea (UE), debilitada por la pandemia de coronavirus.

Nos enfrentamos a desafíos económicos que no habíamos vivido desde hace décadas o tal vez en toda la historia, dijo la canciller alemana, quien recibió al presidente francés en el palacio de Meseberg, cerca de Berlín, en vísperas de que Alemania asuma la presidencia rotatoria de la UE, que se anuncia decisiva.

Fillon, de 66 años, fue sentenciado a cinco años de prisión, tres de los cuales fueron suspendidos, y le fue impuesta una multa de 375 mil euros (más de 423 mil dólares). Fillon, quien no podrá buscar un cargo por elección durante 10 años, permanecerá en libertad mientras se resuelve su apelación.

Su esposa, Penelope Fillon, fue declarada culpable de complicidad. A la mujer de 64 años se le dictó una sentencia suspendida de tres años de prisión y fue multada con la misma suma.

La pareja y el tercer acusado, Marc Joulaud, quien fue suplente de Fillon como diputado de la Sarthe (oeste), tendrán también que rembolsar más de un millón de euros a la Asamblea Nacional, la cámara de diputados en Francia, cifra que corresponde a los salarios y cargos de nómina que fueron pagados. La sanción permanecerá suspendida hasta que se resuelva la apelación.

Fillon, premier entre 2007 y 2012 y quien era el gran favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de hace tres años, fue eliminado de la carrera en la primera vuelta de los comicios después de que el semanario Le Canard enchaîné reveló este caso.

Entre 1998 y 2013, Penelope Fillon recibió 613 mil euros por un puesto de asistente parlamentaria de su marido, cuando éste era diputado, y posteriormente de su suplente, cargo que según la denuncia nunca ejerció.

Una parte de las acusaciones de malversación de fondos públicos, que se remontan a 1981, prescribieron. Pero, según los investigadores, entre 1998 y 2013 la pareja desvió más de un millón de euros.

El ex primer ministro se retiró de la política y actualmente trabaja en las finanzas.

La corte de París determinó que Fillon elaboró y estableció una organización que le permitió malversar dinero para su uso personal.

La acusación denunció en sus alegatos el profundo sentimiento de impunidad de Fillon, y el cinismo de un hombre que hizo de la probidad una marca de fábrica.

Para el fiscal Aurélien Létocart el trabajo de la esposa de Fillon era tan impalpable (y) anónimo que ni siquiera se tomaba las bajas por maternidad ni vacaciones, ni se ha encontrado ningún indicio en los archivos que debía preparar para su marido y para los que es incapaz de ofrecer ejemplos precisos.

De acuerdo con la fiscalía, las maniobras de captación de los remanentes de dinero público del presupuesto dedicado a colaboradores fueron utilizadas desde el inicio de la carrera política de François Fillon en 1981. Fillon, quien denuncia un complot de la izquierda para eliminarlo de la carrera presidencial, asegura que su esposa, su primera y más importante colaboradora durante toda su carrera política, sí ejerció el empleo en cuestión.

En tanto, un día después de la derrota en las elecciones municipales del partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha, en las que avanzaron los verdes, el presidente apoyó la iniciativa de modificar la Constitución, incluyendo en ella nuevos conceptos de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El jefe de Estado aboga por que los posibles cambios a la Constitución sean discutidos primero por la Asamblea Nacional y después por los miembros del Senado, para luego someter la iniciativa a un referendo en 2021.