La brecha digital entre quienes tienen acceso a un servicio de Internet y quienes no es un abismo, tanto dentro de las naciones como entre los países, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con datos del organismo, la mitad de la población mundial no tiene acceso a él, ya sea a través de un dispositivo móvil o de banda ancha de línea fija, condición que limita el acceso a servicios.

Esto, en el marco de la crisis sanitaria por el Covid-19, implica que la desigualdad de ingresos y de oportunidades puede empeorar, incluso en economías avanzadas, porque los grupos desfavorecidos y las personas que viven en zonas rurales tienen un acceso a Internet más limitado. Sigue siendo un lujo, aunque en esta coyuntura es crucial para la educación, salud y acceso a servicios financieros, agregó.

Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá, países de ingresos altos parten de tasas de acceso más altas. Mientras en México dos tercios de la población cuentan con el servicio. A su vez, en un mismo país, la disparidad entre hombres y mujeres en su participación en la fuerza laboral, salarios y acceso a servicios financieros puede aumentar cuando existe una brecha de género en el acceso a Internet.

Entre países, el acceso relativamente bajo podría deprimir la productividad en naciones en desarrollo. La pandemia del Covid-19 demuestra que tener Internet confiable permite que algunas empresas continúen sus operaciones en medio de bloqueos, lo que mantiene funcionando a las economías.

En ese contexto, recomendó a los gobierno fomentar la inversión en Internet y que se complemente con el acceso universal a la electricidad. Además, ofrecer subsidios para que todos los hogares, incluidos los grupos desfavorecidos y los que viven en zonas rurales y remotas, tengan acceso a un servicio de calidad que garantice que no exista una brecha digital de género.

Asimismo, añade, debe buscar cómo asegurar el acceso a Internet para las empresas y promover ahorros fiscales de la digitalización. Los gobiernos pueden reducir el costo público del cumplimiento tributario a través de un mayor acceso a los datos de los contribuyentes y una mayor eficiencia del gasto.